En concreto, menciona algunos ejemplos que despertaron cierto descrédito hacia los funcionarios judiciales: «Le formatearon el celular a Fernando Sabag Montiel [acusado de intentar asesinar a la expresidenta], y hubo algunas desprolijidades. Eso también alimenta la desconfianza en el caso». Más preguntas en la encuesta sobre el atentado a Cristina Ante el interrogante de «¿qué sensación le produjo el atentado contra Cristina Kirchner?», se plasmaron las siguientes cifras: un 46% mostró «preocupación», el 16,3% sintió «bronca», un 10,5% «tristeza», el 4,8% «miedo», mientras que el 22,5% no supo qué decir. Por otro lado, el 55,4% dijo que el ataque «fue parte de una organización o conspiración», el 15,9% señaló que «fue una persona suelta con desequilibrios mentales», un 11,4% consideró que «fue algo espontáneo o improvisado» y el 17,3% no se inclinó por ninguna hipótesis. De cara a lo que viene, el 42,6% está «muy de acuerdo» en que el oficialismo y la oposición deberían firmar un pacto de convivencia democrática, el 29% está «algo de acuerdo», el 15% «muy en desacuerdo» y el 6,7% está «algo en desacuerdo». Igualmente, hubo respuestas contradictorias con respecto a esta afirmación: «El atentado a Cristina Kirchner es un atentado a la democracia». En efecto, un 42,8% dijo estar «muy en desacuerdo», el 8,7% «algo en desacuerdo», un 10,4% «algo de acuerdo» y el 34,4% «muy de acuerdo». Al respecto, este medio pidió la opinión del especialista: «Esa contradicción tiene que ver con cómo la sociedad lee algunas cosas. Si bien uno puede apoyar la idea de que el atentado contra Cristina es un atentado contra la democracia, desde un punto de vista institucional, el Gobierno está en una situación de debilidad, con muy baja credibilidad», introduce. Según Muruaga, a la administración de Alberto Fernández «le cuesta imponer sus propios marcos políticos sobre lo que pasó». Con ese tono, agrega: «Eso hace que el mismo porcentaje de la sociedad que tiene desconfianza con el Gobierno, cuando recibe los mensajes del Gobierno de qué fue lo que pasó, siente desconfianza hacia esos mensajes también». Esa lógica también se aplica a la bajada de línea gubernamental de que el intento de magnicidio fue un resultado de los discursos de odio, «algo que la sociedad ve con mucho escepticismo», aclara el consultor. Esto, hablando siempre de los sectores que no son afines al oficialismo. Para zanjar el interrogante, Muraga acota: «Todo esto no significa que esa misma sociedad cuando preguntás si creen necesario bajar el nivel de violencia del discurso político, vaya a decir que no. Si bien son contradictorias las ideas [pedir un pacto democrático pero no considerar el ataque como un atentado a la democracia], pueden convivir en las mentes de las personas». La inmensa mayoría pide bajar la violencia discursiva A su vez, una abrumadora mayoría, compuesta por el 82,1%, coincidió en que «es necesario que se bajen los niveles de violencia en el debate público de Argentina». Para el entrevistado, «lo más importante del estudio es ese dato, que la mayor parte de la sociedad espera que toda la política, oficialismo y oposición incluidos, sepan dialogar». Al preguntar qué sector tiene mayor responsabilidad en sembrar y difundir discursos de odio, el 36,6% de los encuestados le echó la culpa al Gobierno nacional. Detrás, siguen los medios de comunicación y periodistas, con un 24,2%, Juntos por el Cambio, que acumuló un 12,5%, las redes sociales, con el 11,1%, y la opción «otro», que aglutinó el 13,9%.

La versión fue desmentida por la vocera presidencial, Gabierla Cerruti, la semana pasada. Pocos días después, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también rechazó las versiones. Sin embargo, la eventual eliminación o suspensión de las PASO a nivel nacional se mantiene entre las máximas preocupaciones de gran parte de la oposición y despierta interés en las filas oficialistas.

Esta mañana, un repentino posicionamiento de la senadora Alejandra Vigo y del diputado Carlos Gutiérrez, ambos del bloque Córdoba Federal, generó sorpresa e indignación en las filas de Juntos por el Cambio.

Las luces de alerta de la oposición se encendieron cuando los legisladores cordobeses, que responden al gobernador Juan Schiaretti, salieron a “aclarar” que su espacio político “nunca estuvo a favor de las PASO” porque representan un “gastadero de plata y obligan a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece”.

En tono confrontativo, desde Córdoba Federal le recriminaron a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos que ahora “por conveniencia” cambiaron su posición. Ante la consulta de Infobae, cerca del gobernador explicaron que decidieron salir a marcar su postura ante las diferentes especulaciones en torno a los cordobeses.

“Hablan de Córdoba pero son ellos los que cambian de postura. Juntos por el Cambio criticaba las PASO en 2017 y ahora las defiende. El kirchnerismo las implementó y ahora las quiere suspender. Nosotros mantuvimos siempre la misma postura”, detallaron. También aclararon que Alberto Fernández nunca habló del tema con Schiaretti.

Por otro lado, tampoco desconocieron que las declaraciones desencadenarían aún más especulaciones sobre lo que podría pasar en el Congreso. “No hay ningún proyecto en discusión así que no se puede adelantar un posicionamiento. Si manda algún proyecto, se analizará”, advirtieron dejando una puerta abierta.

El jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, salió inmediatamente al cruce de sus coterráneos cordobeses. “El PJ de Córdoba hoy apoya suspender las PASO, se niega a habilitarlas en la provincia y manipula las fechas electorales a su conveniencia. Dicen ser distintos pero hacen lo mismo que el kirchnerismo”, publicó con tono indignado en las redes sociales.

La eliminación de las primarias podría ser una pieza clave en una candidatura presidencial de Schiaretti por fuera de las dos grandes coaliciones debido a que consideran que las PASO perjudican a los partidos chicos, ya que suelen perder votos entre las primarias y las elecciones generales por la polarización, y además los obliga a gastar más recursos para mantener la campaña a nivel nacional durante el doble de tiempo. Esto pone a las estructuras chicas en desigualdad de condiciones.

Liga de Gobernadores Peronistas

A esto se suma que Schiaretti no es el único gobernador que ve con malos ojos las primarias. Esta semana, el mismo día que el jefe de Gabinete se presentó ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, Jorge Capitanich le envió un mensaje claro a través de las redes sociales. Le pidió a Manzur, en nombre de la Liga de Gobernadores, “redistribuir los recursos no imprescindibles –financiamiento de gastos electorales– a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social”. Aunque la declaración fue algo elusiva, quedaron pocas dudas de que el peronismo -al menos en las provincias que gobierna- busca eliminar las PASO.

Los oficialismo en Chubut y Catamarca ya dejaron en claro que buscan eliminar las PASO a nivel provincial. En Salta y San Juan ya se dieron pasos concretos en ese sentido con una suspensión para 2023 y con la introducción de la Ley de Lemas, respectivamente.

Ante la evidente presión de los gobernadores, los votos de los cordobeses juegan un rol clave en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría pero podría alcanzarla.

En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos tiene 117 votos, a los que ahora sumaría tres del bloque Córdoba Federal. También contaría con otros cuatro del interbloque Provincias Unidas, que nuclea misioneros y rionegrinos (donde se eliminaron las PASO en 2018).

Cámara de Diputados

Con 124 votos en su haber, el oficialismo queda cerca del mínimo de 129 y tiene varios espacios con los que podría negociar. Por ejemplo, el diputado Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino y los legisladores de SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez, que en varias oportunidades han votado junto con el Frente de Todos.

También podría apelar, por diferentes razones, a los extremos del arco político. El Frente de Izquierda, que tiene cuatro diputados, siempre cuestionó los “pisos proscriptivos (1,5% del padrón electoral)” que se establecen en las PASO para participar en la elección general. Sin embargo, ante la consulta de Infobae señalaron que “no es un tema de agenda urgente”. Al otro lado del espectro, Javier Milei y Victoria Villarruel podrían ser seducidos con un “argumento fiscalista”: eliminar el gasto que generan los comicios. “No es un tema de la agenda de la sociedad, solo de la política”, respondieron desde el entorno del economista libertario. Hace pocas semanas, el principal armador de Milei criticó las primarias por sus costos.

Carlos Kikuchi, principal asesor y armador político de Milei, criticó las PASO

Hay otros dos diputados que cuestionan las PASO pero aseguran que los cambios en el régimen electoral debería hacerse en 2024, para que no beneficie ni perjudique a ningún espacio. Así lo manifestaron el liberal José Luis Espert y el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez (quien fue consultado sobre el tema por este medio la semana pasada).

Si se eliminan las primarias el principal perjudicado será Juntos por el Cambio, que enfrenta fuertes tensiones para definir liderazgos no solo entre los partidos que integran la coalición sino al interior de los mismos. Mientras los radicales, liderados por Gerardo Morales y Facundo Manes, buscan disputarle espacios al PRO, el partido fundado en la ciudad de Buenos Aires no encuentra la forma de sintetizar las candidaturas de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri y Gerardo Morales

El Frente de Todos, recientemente reordenado tras la figura de Cristina Kirchner y Sergio Massa, enfrentaría un panorama mucho más simple. Siempre y cuando la situación económica le permita llegar competitivo a octubre del año que viene.