Forzado por la presión social y la caída libre de la imagen del gobierno, el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia rectificando la Ley de Vacunas, que impidió la llegada de más de 13 millones de vacunas del laboratorio norteamericano Pfizer, tal como se había conversado en julio de 2020. Recordemos que a principios de ese mes, Alberto recibió en Olivos al gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, y al Director Científico de la Fundación Infant, quien adelantó que la Argentina había sido seleccionada para una de las pruebas técnicas de una vacuna contra el Covid. Pfizer aparecía entonces como la mejor opción y en conversaciones hubo un preacuerdo para adquirir 13.400.000 dosis. Esta vacuna fue la primera autorizada por la ANMAT en el país.
El gobierno se apuró en enviar y hacer aprobar por el Congreso, una Ley de Vacunas que eximía a Pfizer de eventuales problemas. Se consideraba que el laboratorio había desarrollado la vacuna en tiempo récord, un desarrollo normal insume entre 7 y 10 años de investigación y que Pfizer asumió el riesgo de acelerar procesos, por la urgencia que planteaba la pandemia. Las cláusulas de inmunidad y otras protecciones fueron aceptadas en 116 países que adquirieron la vacuna.
Pero el proyecto del Ejecutivo fue modificado en el recinto a instancias de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau incorporando la palabra “negligencia” en el artículo 4º, precisamente como excepción a “las cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial”.
Esta palabra “negligencia” es la que trabó las negociaciones con Pfizer y son, en definitiva, las “exigencias inaceptables” que dio como justificativo del congelamiento de las negociaciones con el laboratorio, el entonces ministro de salud, Gines González García. Además, el proyecto se modificó para especificar que si la ANMAT no aprobaba una vacuna en 30 días podía hacerlo directamente el Ministerio de Salud y así se empezó a negociar con Rusia por la Sputnik V.
Para la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, Ginés Gonzales Garcia «no tenía la intención de darle el contrato a Pfizer, sino a Astra Zéneca». Bien sabemos que, a este laboratorio, del gran aportante para la campaña del Frente de Todos, Hugo Sigman, le pagaron anticipadamente 52 millones de dólares y que no cumplió con los términos indicados en el contrato.
Cecilia Moreau fue autorizada por Cristina para introducir esa cláusula que frenó las vacunas de Pfizer, ya que nada sucede en el Frente de Todos, sin su expresa autorización. Y Cristina fue la que inició las negociaciones con Rusia por la Sputnik, suponemos por razones ideológicas, pero lo cierto es que no haber contado en tiempo y forma con las vacunas de Pfizer y las idas y vueltas del gobierno en este tema tan crítico como el de las vacunas, provocaron gran parte de las casi 96000 muertes por Covid que registra hoy nuestro país. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si se hubieran recibido las dosis de Pfizer? no lo sabemos con exactitud, pero sin duda que muchas.
Debería dolerle a nuestra vicepresidenta muchas de estas muertes que podrían haberse evitado, como también podría haberse evitado la tragedia de Once, si hubiera administrado honesta y correctamente. La muerte no conmueve a Cristina, es parte de su tesis de “ir por todo”.