El Gobierno nacional dispuso la aplicación de un cupo de 600 plazas diarias para el ingreso al país de argentinos que se encuentren en el extranjero. El objetivo que se persigue es retrasar el ingreso de la variante Delta del Coronavirus. Este cupo representa nada más que un par de aviones llenos. De esta forma son miles los ciudadanos argentinos que no pueden retornar a sus hogares y han quedado varados en el exterior. No caben dudas de que la decisión gubernamental violenta uno de los derechos básicos de todo ciudadano, consagrado por nuestra Constitución en su artículo 14 de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
La medida afecta a argentinos y extranjeros que deseen ingresar al país, pero como el turismo foráneo está suspendido desde marzo de 2020, se sobreentiende que está dirigida al público argentino que viaja al exterior y regresa por avión. Mientras tanto seguirán suspendidos los vuelos a países como el Reino Unido e Irlanda, India, países africanos, y Turquía por la presencia de cepas muy contagiosas, y reducidos en el caso de destinos limítrofes, como Brasil o Chile.
Según lo informado por el Gobierno, las personas que viajen “deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso. Quienes resulten negativos al ingresar, deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los gobiernos provinciales y de la CABA y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo”.
Bien sabemos que los derechos consagrados por nuestra Carta Magna no son absolutos y pueden ser reglamentados en razón del interés público, en este caso por razones sanitarias, pero siempre las limitaciones deben ser razonables. Dejar varados en el exterior a miles de argentinos con vuelos de regreso confirmados, no es razonable, se muestra como un exceso y sin duda, violatorio de nuestra Ley Suprema.
La Asociación Mundial del Transporte Aéreo (IATA), envió un reclamo al gobierno y solicitaron, con carácter de urgente, una audiencia al jefe de Gabinete. El vicepresidente Regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, señaló “Comprendemos que el Gobierno argentino está enfocado en proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Como industria, hemos hecho todo lo posible para garantizar una conectividad segura del país, a pesar de las drásticas restricciones operativas que ya existen. Sin embargo, la nueva reducción de 70% en el número de pasajeros internacionales que puedan llegar diariamente al país, obligará a las aerolíneas a dejar en el extranjero a miles de pasajeros, principalmente ciudadanos y residentes argentinos, sin que ellos tengan la culpa”
Argentina ya había puesto un tope de 2.000 pasajeros diarios que podían llegar en vuelos internacionales. Esto había obligado a las compañías aéreas a reducir y modificar drásticamente sus horarios. Esta nueva e intempestiva medida agrava el problema. Nos preguntamos: ¿Quién elige a los que pueden ingresar o no? ¿También habrá ingresos VIP, como en el vacunatorio?
Esta restricción exageradamente dura, y dada a conocer intempestivamente, sin aviso ni comunicaciones previas, deja varados en el exterior a miles de argentinos y provocará sin duda, que algunas aerolíneas dejen de operar en nuestro país. Exhibe una vez más, la falta de previsibilidad del gobierno de Alberto Fernández.