Uno de los principales objetivos que se planteó el Gobierno en materia de seguridad y justicia es combatir al crimen organizado. En este contexto, oficializaron la creación de la Mesa de Articulación Judicial Contra el Narcotráfico (MAJUN), con el objetivo de intercambiar información para poder hacer frente de manera conjunta a la problemática.
Pese a que el espacio fue constituido de forma efectiva este miércoles tras la publicación de la resolución 296/2024 del Ministerio de Justicia, la mesa ya había mantenido algunos encuentros, que funcionaron como reuniones preparatorias en las que se delinearon los principales ejes de acción.
Según la normativa, el Gobierno estableció que tendrá como objeto “actuar de enlace interinstitucional para facilitar las problemáticas que se susciten entre las jurisdicciones federal y provincial en lo atinente a la persecución de los delitos previstos en la Ley N° 23.737″.
En este contexto, designaron al asesor del Ministerio de Justicia Nicolás Daniel Ramírez, como el coordinador de la mesa. El último encuentro de este grupo interinstitucional había sido presidido por Ramírez, junto al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano H. Borinsky.
“Convócase a participar de las reuniones de la mesa a un representante de cada una de las Cámaras Federales de todo el país; un representante de la Procuración General de la Nación; un representante del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; un representante de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia; un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación; un representante de la Unidad de Información Financiera y toda otra autoridad nacional o provincial que a criterio del Coordinador tenga injerencia en la materia”, dispone la resolución.
En el considerando de la norma, el Gobierno alega que la MAJUN “será un espacio de colaboración interinstitucional cuyo objetivo principal consiste en aunar esfuerzos y buscar soluciones concretas a los problemas que enfrentan, en el ámbito jurisdiccional, los organismos participantes en su lucha contra el narcotráfico”.
En la reunión realizada a principios de agosto en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal se compartieron actualizaciones sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal en las provincias que ya lo han adoptado, como Mendoza.
Uno de los temas destacados fue la necesidad de sistematizar el registro y el intercambio de estadísticas, así como la propuesta de impulsar capacitaciones conjuntas para fortalecer la cooperación judicial y operativa. Asimismo, se debatieron aspectos cruciales para una mayor persecución penal estratégica del narcotráfico, incluyendo reformas legislativas en materia de decomisos, extinción de dominio y métodos alternativos de destrucción de estupefacientes más amigables con el medioambiente.
“Este encuentro subraya el compromiso de las autoridades judiciales y de seguridad en Argentina para enfrentar el narcotráfico de manera coordinada y efectiva, promoviendo un marco de colaboración constante y fortaleciendo las capacidades operativas de todas las entidades involucradas en esta lucha crucial para la seguridad del país”, indicaron a través de un comunicado.
El encuentro contó con la participación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellos Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Guillermo J. Yacobucci. También estuvieron presentes representantes de importantes instituciones, como Santiago Otamendi en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y CABA (JuFeJus), y Diego Alejo Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Otros participantes fueron Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad; Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito y las Violencias; y Guido Valenti, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal. Asimismo, participaron Jorge Canteros y José Gerez del Consejo de Procuradores Fiscales Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal; y Luis Marcos Martínez, procurador general de San Luis.