Mientras nuestra Argentina sea gobernada por corruptos no disminuirá la pobreza y no emergerá como una nación fuerte y soberana. Mucho menos se podrán obtener los beneficios del bienestar general que prevé el preámbulo constitucional.
Es que la corrupción se ha insertado muy profundo entre nuestros funcionarios y políticos como constatamos con tristeza. No es que la corrupción sea algo nuevo o actual, lamentablemente es un problema de largo tiempo y de amplísimo espectro, tanto que nuestra actual Vicepresidente fue condenada por un tribunal oral a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el país mantiene un nivel de aplazo en el ranking de Transparencia Internacional.
Pero cuando vemos que graves episodios de corrupción suceden como algo natural en distintos ámbitos y niveles, nos vuelve a sonar la alarma.
El asunto del puntero del peronismo platense Julio Segundo Rigau, alias Chocolate, encontrado con 48 tarjetas de débito emitidas por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es una señal inequívoca del grado de putrefacción con el que actúa gran parte de nuestros políticos. Aún más el puntero fue detenido y luego liberado por una justicia cómplice. Un escándalo que parece escandalizar a muy pocos tan acostumbrados están nuestros políticos a que hechos como estos sucedan.
La ex ministra de Economía de muy corta gestión Silvina Batakis, compensada por el presidente Fernández con el cargo de Presidenta del Directorio del Banco de la Nación Argentina, fue denunciada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado. También fue imputada María del Carmen Barros, la gerenta general del Banco Nación.
En la denuncia se establece que Batakis y Barros, sin contar con el aval del directorio, habrían intervenido en el ámbito de sus funciones para la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000. También intervinieron en la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Silvina Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de la gerenta, al frente de una gerencia en la casa matriz del Banco.
Además, la Sra. Batakis, está acusada de aprobar a través de una carta, sin consultar y sin someter a votación, que la gerente general de la entidad, comenzara a cobrar una exorbitante suma. Conformado con premios y bonos, el sueldo que percibe la Gerente Barros se acerca a los 9 millones de pesos. No es solamente este descomunal salario, sino también que la mujer está en pareja con Juan Manuel Romero, integrante del equipo de manejo de los camiones de caudales del banco. Este Romero es un personaje muy “especial”. Consta en los registros que va poco a trabajar. Por ese motivo, le hicieron un sumario. No se presenta a hacer las recorridas, pero usa la tarjeta corporativa para comprar combustible. Se sospecha que tiene un arreglo con las estaciones de servicio y vende esos vouchers para tener un ingreso extra. Romero tiene además, una denuncia penal porque la única vez que fue a trabajar intentó viajar en el camión de caudales a Bariloche y quiso llevar a un amigo.
Algo nos tranquiliza saber que ya está actuando la justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Silvina Batakis; es de esperar que todo este escandaloso proceder sea investigado a fondo y se aplique con rigor la ley. Mientras la impunidad sea una constante, no saldremos nunca del lodazal de corrupción que nos envuelve.