El mismo 9 de agosto, día en que la jueza de casación Ana María Figueroa, cumplía 75 años, en este editorial comentábamos, que la jueza, que no había logrado se aprobara en el Senado un nuevo mandato, como lo indica la CN, comunicaba a sus colegas que no presentará su renuncia pero que por el momento se abstendría de firmar sentencias.
Desde ese momento dejó automáticamente de ejercer como jueza. Pero Figueroa manifestó que no desocupará su despacho, pero tampoco cumplirá sus funciones, que es dictar sentencias, se convirtió en una suerte de okupa.
En esta instancia el diario Clarín publicó que la jueza atrincherada cobró totalmente su salario de 3.700.000 pesos en mano, con los descuentos incluidos y, lógicamente sin pagar el impuesto a las Ganancias.
Ante esta inédita situación, se reunieron los jueces de la Cámara de Casación en un acuerdo extraordinario para evaluar el problemático asunto. En esa reunión Figueroa llegó a decir que, si no se resolvía su acuerdo en el Senado en 30 días, estaba dispuesta a renunciar. Luego de un intermedio los jueces decidieron nombrar a Mariano Borinsky como presidente interino hasta fin de año, en reemplazo de Figueroa.
En esas instancias intervino la Suprema Corte de Justicia, tomando la decisión unánime de “Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional”. Y resolvió notificar al Consejo de la Magistratura de lo resuelto “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”.
El máximo tribunal de justicia de la Nación es terminante, “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.
La Corte resolvió tomar el toro por las astas y resolver una situación absolutamente anormal, dentro de su ámbito. El tribunal, en cierta manera, está marcando territorio y envía un mensaje a la política y muy especialmente a la vicepresidente, que impulsa el juicio político de todos sus miembros. Un juicio que bien sabemos es un proceso absurdo, sin resultados concretos.