Por este motivo, la decisión de la Secretaría de Energía puede implicar mayores tarifas o mayores subsidios energéticos. “Las tarifas finales a los usuarios no están dolarizadas, se expresan en pesos y es el Estado quien decide la porción del costo que absorbe y la que traslada a tarifas”, explicó el trabajo, que prevé tres escenarios distintos.
En el escenario que el Estado decidiera absorber el efecto de la devaluación por completo, se reduciría la cobertura de costos y se incrementarían los subsidios en $70.000 millones adicionales hasta fin de año, o u$s 200 millones adicionales, estimó la investigación. En un segundo escenario, el Estado podría traspasar total o parcialmente el efecto de la suba del tipo de cambio a los usuarios N1 y dejar a los demás constantes. En el tercer escenario, podría trasladar a los N2 y N3. “Cualquier opción de traslado parcial implica el aumento de subsidios y cualquier opción de traslado total implica aumento de tarifas”, explicó el reporte.
En el comunicado en el que el FMI asegura que enviará en agosto u$s 7.500 millones, asegura que se requiere el cumplimiento de la meta fiscal, para lo cual se necesitará un “mayor endurecimiento de la política”, que debería ser respaldado por “actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción”.
En el acumulado del año, los subsidios energéticos cayeron 16,5% en términos reales, en el comparativo interanual enero-agosto, según el IIEP. Actualmente, los usuarios de mayores ingresos pagan el 100% del costo de la demanda eléctrica, mientras que los de ingresos medios (N3) lo hacen en tal solo un 17%, y los más vulnerables (N2) en un 13%.
Cómo sigue
El trabajo estima que, de no actualizarse tarifas, el costo que cubrirían los N1 caería 15 puntos porcentuales, a la vez que los N 2 y N 3 pagarían solamente entre 11-14% del costo eléctrico. Para el gas natural, los precios PIST pagados por usuarios cubren el 51% del costo de abastecimiento de gas para los N 1, el 15% para los N 2 y el 19% hogares N3.
Según el trabajo del Observatorio, la decisión de política energética se implementa de forma diferente según el servicio público. Para la energía eléctrica sólo se necesita una nueva resolución que apruebe una reprogramación trimestral de los precios estacionales, mientras que en el gas se requiere una audiencia pública.