75 mil millones más para los piqueteros.

Después de las movilizaciones de esta semana, el gobierno dispuso incrementar en unos 75 mil millones los giros a los piqueteros. De esta manera intenta tranquilizar los reclamos que podrían generar disturbios, episodios de violencia y/o hasta saqueos, en un diciembre que se percibe muy caliente.

Unos $30.000 millones serán para aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil y más de $44.000 millones para aumentar el monto de la Tarjeta Alimentar. El incremento en el salario mínimo repercutirá directamente en los recursos del programa Potenciar Trabajo, programa que se encuentra bajo la lupa por la serie de irregularidades que se dieron a conocer en las últimas semanas.

Recordemos que tras un informe de la AFIP solicitado por el exministro Juan Zabaleta, la actual titular de la cartera, Victoria Tolosa Paz dio de baja a 3190 beneficiarios y suspendió a 947 de este programa. Según el informe de la AFIP, hubo beneficiarios que compraron dólares y que además presentaron declaraciones juradas de Bienes Personales. El fiscal Guillermo Marijuán, casi de inmediato, solicitó indagar por qué se darán de baja sólo a este pequeño número, siendo que son al menos 250 mil los beneficiarios con irregularidades detectadas.

El Potenciar Trabajo está a cargo del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita quien quedó en la mira después de que se detectaran las irregularidades. A Pérsico, desde la oposición, lo acusan de estar «de los dos lados del mostrador».

En cuanto a la tarjeta Alimentar, el Gobierno anunció que actualizará en un 40 % sus montos. $ 12.500 cobrarán los titulares con un hijo a cargo a partir de noviembre, mientras que los que tengan dos niños cobrarán $ 19.000 y los que tengan tres percibirán $ 25.000 con los haberes de este mes.

Para 2023, estos dos planes, el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, administrarán en conjunto, fondos superiores al billón de pesos. Más de $ 590,000 millones en el caso del programa que conduce Emilio Pérsico, y unos $ 442.000 millones en el de la caja que maneja la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, militante de la Cámpora.

Billonarios recursos, que sólo mitigarán parte del hambre de un sector muy grande de los argentinos. Resulta visible la grieta interna en el ministerio de Desarrollo Social, entre La Cámpora y el Movimiento Evita, que se reparten el 90% del presupuesto. Si bien el resto de los programas manejan fondos marginales, sobresale, la Secretaría de Integración Socio Urbana, de Ramona Fernanda Miño, una funcionaria que reporta a Juan Grabois y que en 2023 tendrá a su cargo una caja de más de $ 11.000 millones anuales.

Repartiendo fondos que no se tienen, el Estado administra la pobreza. Se ha perdido totalmente el rumbo. La pobreza solo puede combatirse con trabajo genuino, no aumentando las limosnas.

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