El conflicto Mapuche es absolutamente intolerable para el grueso de la población argentina. No obstante, el Gobierno Nacional está entregando livianamente nuestra soberanía a estos delincuentes camuflados como pueblos aborígenes. Los mapuches o araucanos son pueblos venidos de allende la cordillera, de nuestro vecino Chile, que no acatan ni la Constitución ni las leyes argentinas, tampoco reconocen nuestros símbolos patrios y dicen ser los genuinos propietarios de miles de km2 entre los dos países.
Lo cierto es que los mapuches, pueblo belicoso, como hoy lo constatamos, aniquilaron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches ingresan a nuestro país, cuando el caballo introducido en América por los españoles, les permite transformarse de agricultores en cazadores y someter violentamente a los pueblos originarios argentinos. Los mapuches no pueden invocar derechos sobre los territorios que ocuparon utilizando la fuerza.
Reproduzco a continuación parte de una nota publicada en el diario La Nación por el Dr. Juan José Cresto el 23 de noviembre de 2004
A la pregunta de si Roca durante la llamada Conquista del Desierto estaba ocupando tierras indígenas, Cresto escribe: “La respuesta es categóricamente negativa. Esas tierras desiertas comienzan a ser ocupadas con las expediciones pobladoras de la España colonizadora del siglo XVI que, repetimos, trajeron el caballo y la vaca. Los indios iniciaron su ocupación 180 años después.”
“Los indígenas americanos precolombinos estaban radicados en mínimas parcelas de territorio y aprovecharon los descubrimientos, invenciones, ingreso de animales antes desconocidos y la tecnología del blanco para su expansión territorial. De suponer válida la peregrina teoría del primer poblador, tal vez debiéramos remontarnos al homínido y considerar al propio hombre de Neanderthal como un usurpador.”
Según la tesis del Dr. Cresto, y los antecedentes que conocemos, mal pueden aducir los actuales mapuches ser los propietarios del enorme territorio que reclaman.
Todo esto viene a relación con lo sucedido un par de noches atrás, cuando un grupo de mapuches encapuchados quemó una casilla de Gendarmería Nacional que además muestra cuatro disparos de armas de fuego. Gendarmería la había instalado dos semanas atrás, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40, para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona. Desde ese momento, en ese lugar había una guardia permanente de agentes federales. Como fue atacado el puesto de una fuerza de seguridad nacional, interviene la Justicia Federal.
Desde hace algunos años, conflictos como este se volvieron habituales en los alrededores de Villa Mascardi. La relación entre los habitantes de la zona con los mapuches se ha tensado aún más, desde el asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu en 2017. Los vecinos viven en permanente temor y tras el ataque a este puesto de Gendarmería, los mapuches parecieran no tener límites.
Un gobierno indeciso que no actúa, aún más, que pareciera apoyar a los grupos mapuches más violentos. Un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, que sostiene promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero que se vuelve cómplice de seudo aborígenes violentos, está posibilitando que el conflicto mapuche se extienda y se torne intolerable. La solución es simple, actuar con sentido nacional y que una justicia competente aplique la Constitución y sus leyes con absoluta rigurosidad.