A los jueces los elige el poder ejecutivo con acuerdo del Senado. Además, es el consejo de la magistratura el encargado de seleccionar las ternas tras un complejo sistema de clasificación. Ciertamente que estos jueces y/o fiscales duran en el cargo mientras dure su buen comportamiento, pero esto es beneficioso para la ciudadanía, son magistrados estables, y quedan al margen de las presiones y condicionamientos de la política. Es decir, que puedan impartir justicia de manera firme, razonable, racional y ajustándose a su interpretación de la ley.
Ciertamente que en el derecho hay dos ideas o doctrinas en relación con los poderes del Estado. Una, que el poder judicial asume un rol contra mayoritario del voto popular, de manera que estén asegurados los derechos de las minorías. La otra vertiente estima que las urnas representan el único mandato válido, por lo que la justicia también debe someterse a ellas.
La gran mayoría de las democracias occidentales ha adoptado la primera idea, donde la justicia es un poder contra mayoritario. Y así es en nuestra Argentina, cuando los padres fundadores de nuestra organización nacional, a instancias de Juan Bautista Alberdi, diseñaron nuestra Ley Suprema.
Nadie discute hoy los valores de una democracia republicana, que si bien puede tener defectos, ya que nada hay perfecto en el orden humano, nos asegura la independencia y el mutuo control entre los tres poderes del Estado.
Es un error sostener que, en las democracias, las mayorías gobiernan en los tres poderes, en una inmensa mayoría de democracias auténticas, la justicia es independiente, más allá de que se utilizan diferentes mecanismos para elegir o destituir jueces.
Cuando Cristina dice que a esta Corte no la eligió nadie, miente, fue designada conforme a lo que señala la Constitución nacional. Ella parece olvidar también que muchos de los jueces que actualmente ejercen sus funciones, fueron designados por ella como presidente, siempre con acuerdo del Senado. Uno de ellos, mal que le pese, es el fiscal Diego Luciani.