Según el ranking que elabora anualmente la ONG Transparencia Internacional, Argentina cayó 18 lugares en 2021 y terminó en el puesto 96 sobre un total de 180 países.
Según el último informe publicado por la organización, nuestro país logró 38 puntos sobre 100 posibles, 4 menos que respecto a 2020, y terminó por debajo del promedio mundial (ubicado en 43 puntos).
Es muy penoso que así sea, pero la gran mayoría de los argentinos estamos convencidos de que la corrupción es el gran mal de nuestra política. Lo grave es que un porcentaje importante de la clase política es cómplice y apaña a los ladrones de guante blanco que roban al Estado, es decir roban nuestros propios dineros.
Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización Poder Ciudadano, a cargo del capítulo local de Transparencia Internacional, dijo al sitio Chequeado que en nuestro país el resultado “habla de una institucionalidad débil e intentos de modificaciones legislativas en el Poder Judicial para influir en causas de corrupción”.
16 gobernadores, todos peronistas, apoyaron con su firma el proyecto de aumentar a 25 el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transformando al Tribunal Supremo, en una suerte de Senado, por su constitución. Estos gobernadores están siendo cómplices de Cristina de Kirchner, quien propone estas barbaridades buscando la impunidad en sus causas judiciales. ¿Acaso son tan distraídos nuestros gobernadores, que no toman conciencia de tan manifiesta intencionalidad? De esta forma se convierten de hecho en cómplices de la corrupción.
Uruguay es el país mejor posicionado en la región, en el lugar 18 con 73 puntos, después sigue Chile en el 27, Colombia en el 87 Brasil junto a Argentina con 38 puntos y Venezuela con solo 14 puntos, ocupa el puesto número 177, el peor de toda Latinoamérica.
El índice “otorga una puntuación y clasifica a los países según las percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público”.
Transparencia Internacional combina 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes. La organización aclaró que el índice se basa en percepciones porque “hasta la fecha no hay un indicador que mida niveles nacionales de corrupción objetivos de forma directa y exhaustiva”.