El Gobierno solicito a la justicia que se garantice el derecho a trabajar y a circular en Tucumán

Osvaldo Jaldo, instruyó al equipo de abogados de la Fiscalía de Estado para que presente sendas denuncias en los Tribunales provinciales y federales, con el fin de que se garantice el derecho de libre circulación y del trabajo a personas y/o entidades que se sientan afectadas por la medida de fuerza.

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El Gobierno ha decidido accionar preventivamente frente al paro anunciado por la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATCT) desde el primer minuto de mañana ante la escasez de gasoil. Por esa razón, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, instruyó al equipo de abogados de la Fiscalía de Estado para que presente sendas denuncias en los Tribunales provinciales y federales, con el fin de que se garantice el derecho de libre circulación y del trabajo a personas y/o entidades que se sientan afectadas por la medida de fuerza.

“Es una decisión unilateral que han tomado los transportistas en un contexto en el que venimos dialogando con todos los sectores con el fin de tratar de hallar, paulatinamente, una solución para que haya más combustible, pero que de ninguna manera se afecte a la economía local”, remarcó a La Gaceta el gobernador interino.

En la denuncia presentada en la Justicia tucumana, la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, por instrucciones del vicegobernador a cargo del Ejecutivo, le pide a la Fiscalía Regional del Centro Judicial Capital que adopte “todas las medidas conducentes al cuidado de los bienes y libertades personales de todos los ciudadanos del territorio provincial con motivo de la huelga anunciada por la asociación de transporte de cargas de Tucumán”. En la que se elevó a la Fiscalía Federal de turno, a su vez, le pide que amplíe esas medidas al resguardo de la libre circulación en rutas provinciales y nacionales, frente a la advertencia que hiciera el titular de la ATCT, Eduardo Reinoso, de que sus representantes impedirían el acceso de camiones a todo el territorio provincial.

Jaldo le comunicó a los apoderados legales de la provincia de que no se quedará de brazos cruzados, porque desde que se profundizó el problema de la escasez de gasoil, el Gobierno provincial viene realizando distintas tratativas ante el Ejecutivo Nacional y ante compañías petroleras para que el suministro vaya regularizándose de acuerdo con las posibilidades que esas empresas cuentan para distribuir en todo el territorio nacional. El principal temor que existe en la Casa de Gobierno es que los camiones bloqueen el acceso a ingenios azucareros y a plantas citrícolas, por ejemplo, en plena período de zafra. “Somos respetuosos del derecho de huelga, pero también queremos que se respete el derecho a trabajar y a circular de los demás ciudadanos. Muchos obreros pueden quedarse sin sus jornales si se impide la normal evolución de estas actividades”, planteó Jaldo.

En los días previos a la protesta, el presidente de la asociación de transportistas había dicho que la medida de fuerza responde al persistente faltante de gasoil y de insumos necesarios para la actividad, pero también “ante la ausencia de federalismo en el país”. En la denuncia, los apoderados legales de la provincia que el Gobierno considera que la huelga es un derecho constitucional inalienable y legítimo, siendo respetuoso de su ejercicio y desarrollo, siendo dable afirmar que el gobernador ha hecho ingentes gestiones para morigerar estas acciones e impedir que estas medidas de fuerzas se llevaran a cabo, consignando que el paro de transporte anunciado responde a un conflicto entre privados por las tarifas de la actividad y no sobre el faltante de combustibles tras las gestiones oficiales. «Se cargará con cupo, pero gasoil hay en Tucumán», enfatizó en los medios de prensa, recordaron. Como muestra de la predisposición a buscar soluciones, el mandatario había señalado: “estamos acercando soluciones: los hemos eximido de Ingresos Brutos, paramos los juicios por deudas de ese impuesto y de patentes contra los pequeños y medianos transportistas. El Gobierno cumplió con la palabra empeñada. Agotaremos las vías de negociación para que el paro no ocurra”.

Asimismo, la denuncia señala que “la decisión de Reinoso y de la comisión directiva asume plena y agravada entidad, al decidir una huelga cuyos resultados pueden traer aparejados trastornos y daños irreparables a la actividad productiva de la provincia: transportes pasajeros, perdida de jornales de trabajadores de todas las actividades, daño a la actividad sucroalcoholera, desarrollo de actividades esenciales, etc”. Y enfatizan: “la huelga es en este caso una estrategia destructiva que generará más problemas que los que supuestamente desea corregir”.

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