Olivos gate: el juez Mirabelli llamó a indagatoria a cuatro asistentes al cumpleaños de la primera dama

Las hermanas Fernández Peruilh fueron citadas para el 28 de junio, en tanto que Pacchi lo hará al día siguiente y Domínguez, el jueves 30 de junio.

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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli llamó a prestar declaración indagatoria a cuatro de las asistentes a la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta presidencial de Olivos en la etapa más estricta de las restricciones por la pandemia.

Se trata de Rocío Fernández Peruilh,  su hermana Florencia, la ex asistente de la primera dama  Severina Sofía Elizabeth Pacchi y Stefanía Domínguez.

Las hermanas Fernández Peruilh fueron citadas para el 28 de junio, en tanto que Pacchi lo hará al día siguiente y Domínguez, el jueves 30 de junio.

El juez abrió hoy una carpeta dentro del expediente para tramitar la extinción de la acción respecto del presidente Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez, quienes propusieron una conciliación a través de la “reparación integral del daño”.

Otros imputados eligieron el mismo camino, pero los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, si bien también propusieron la reparación integral, lo hicieron ante el juez cuando en rigor, debieron haberlo tramitado ante la fiscalía.

“Proveyendo la solicitud de formación de incidentes de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio requerida respecto de Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh, hágase saber a sus letrados defensores que deberán ocurrir ante el Ministerio Público Fiscal”, señaló el juez.

Ello significa que aún es posible que ambas eludan la acción penal, si la fiscalía acepta la conciliación propuesta.

Distinta es la situación de Sofía Pacchi, para quien pidieron el “sobreseimiento por atipicidad”, ya que sostienen que no cometió ningún delito puesto que estaba cumpliendo funciones laborales el día de la celebración, como asistente de la primera dama.

Stefanía Domínguez, la otra llamada a indagatoria, es defendida por el abogado Mauricio D’Alessandro, quien planteó como estrategia de defensa la nulidad de los decretos presidenciales que establecieron las restricciones por el Covid-19.