Jue. Mar 28th, 2024

En un contexto de desconfianza pública en la justicia y en una provincia donde se dieron varios escándalos judiciales, alguno de ellos vinculado con un miembro de la Suprema Corte provincial, la llamada a declaratoria como imputada de la periodista Irene Benito, se muestra como un artero ataque a la libertad de prensa.

La galardonada periodista, que además es abogada, redactó numerosas notas relacionadas con la justicia, y con casos como los de “Pedicone”, “Rigourd” “Mayol” “Teves”, tarea periodística encarada debido a sus labores en el diario La Gaceta.

 Además, como periodista de investigación escribió sobre los negocios del Gobernador Juan Manzúr, actualmente en uso de licencia para asumir como jefe de Gabinete de ministros del gobierno nacional. Es coautora del libro, junto a sus colegas del diario Indalecio Sanchez y Fernando Stanich, “A Su Salud” donde cuentan sobre Juan Manzur y su extraña fortuna. El libro fue escrito en 2015, cuando nadie suponía que el ex ministro de Salud de Cristina de Kirchner asumiría en tan importante función.

La causa donde Benito es imputada se origina en una denuncia de un abogado del foro local, de que la periodista no entregó el texto original de un manual de escritura para letrados. Afirmación inventada, porque la entrega se cumplió. La falsa denuncia omite incorporar el informe y respuesta completa y afirmativa del Colegio de Abogados del Sur a la Fiscalía.  Está muy claro que se intenta descalificar el trabajo de Benito y del diario La Gaceta, lo que es un absurdo ya que la autenticidad y la excelencia de las notas publicadas no admiten objeciones.

Bien vale recordar en estas circunstancias, lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, que dice:  “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

¿Quién puede ignorar que la presión judicial sobre Irene Benito, está relacionada con sus opiniones?  Así lo entiende el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que al expresar su preocupación por la nueva escalada del acoso judicial al que está siendo sometida la periodista, señala: “La víctima ha publicado numerosos artículos críticos sobre el Poder Judicial y, como consecuencia de esa actividad, ella y sus familiares sufren agresiones emanadas de sectores de la propia institución que investigó así como del oficialismo provincial. Esta campaña de desprestigio con connotaciones extorsivas comenzó en 2015 y fue agravándose con el tiempo”. Recordemos como lo dije antes que en ese año publicó el libro sobre Manzur.

Mas adelante en su comunicado FOPEA señala: “La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder”

Hay que estar muy atentos, Tucumán podría ser señalada como una provincia donde se viola un derecho fundamental de toda democracia, la libertad de prensa.