¿Habrá clases mañana? Se preguntaban anoche los padres de los alumnos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y los de los municipios del conurbano. Reinaba la incertidumbre y todo dependía de decisiones judiciales. Es que el poder político no se pone de acuerdo en un tema muy importante, clases presenciales sí, clases presenciales no.
El DNU emitido por el PEN, entre otras restricciones generadas por el aumento de los contagios del coronavirus, suspendía las clases presenciales en todo el AMBA. El presidente lo emitió sin consultar a la ciudad y contradiciendo a sus propios ministros, recordemos que ese mismo día el Ministro de Educación Nicolás Trotta, reafirmó la necesidad de «priorizar la escuela» en su actual esquema de «presencialidad parcial, alternada, cuidada y con protocolos», y dijo que la modalidad constituye «un ámbito seguro». El 6 de abril, el Ministerio del cual es titular difundió los primeros datos de contagios en las aulas. Sobre casi un total de 6000 colegios, tan solo se contagió el 0,16% de los alumnos y el 1,03% de los docentes durante el primer mes de clases.[i]
La posición del ministro contraria a la suspensión de las clases la formuló ente el Consejo Federal de Educación, que evaluó el estado de situación del retorno a la presencialidad a nivel federal, «ponderando el efectivo cumplimiento de los protocolos y la relevancia de la priorización de la escuela».
La ministra de salud Carla Vizzotti, por su parte, señaló “que las aulas no son la principal fuente de infección” Dijo después para justificar al presidente, que el problema es «todo lo que se genera alrededor de las escuelas» como la aglomeración de padres, madres o familiares y el impacto en el sistema de transporte público de pasajeros.
Lo cierto es que inexplicablemente, Alberto Fernández tomó la decisión en soledad sin acudir al diálogo ni buscar el consenso necesario para una medida muy polémica que afecta a cientos de miles de chicos.
El DNU no debió ser dictado cuando está funcionando a pleno el Congreso y avasalla sin duda, las autonomías de la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima.
Más aún, en su anuncio dijo que enviaría fuerzas federales de seguridad para controlar y hacer cumplir el Decreto. También que utilizaría a las FFAA, pero en este caso limitándolas a auxiliar en temas sanitarios.
Todas las restantes jurisdicciones tienen libertad para accionar según su potestad. Y en esta situación, solo cuatro provincias suspendieron las clases presenciales, Catamarca, La Rioja, Formosa y Santa Cruz, donde todavía no habían dado inicio.
Ante la falta de entendimiento en el seno de uno de los poderes del Estado, el asunto pasó a la justicia y será la Suprema Corte la que finalmente decida. Una vez más se recarga al Poder Judicial, por asuntos que debieron resolverse en el plano político. La falta de diálogo, de un presidente que se comprometió a dialogar, está generando conflictos estériles e innecesarios.
Como ya dijéramos en este mismo espacio. Cuando el presidente daba fin a sus anuncios sobre nuevas restricciones, ya se comenzaban a oír los golpes a las cacerolas en gran parte de los barrios porteños. Al finalizar, el cacerolazo fue total y algunos grupos llegaron hasta la puerta de la Quinta Presidencial de Olivos. Los cacerolazos todavía se mantienen y también frente a la Casa Rosada.
Los gremios anti-educación hicieron su aporte para agravar el conflicto.
Alberto prometió cerrar la grieta, lo único cierto es que él mismo la profundiza día a día.