El presidente Alberto Fernández adelantó este jueves que, luego de dejar atrás su aislamiento por coronavirus, se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para analizar la situación de los alquileres y los desalojos. “Me preocupa la situación de los alquileres. Hoy vamos a analizar el tema con el ministro”, anticipó el mandatario en declaraciones radiales.
Luego del anuncio de las nuevas medidas restrictivas en la noche del miércoles, el presidente explicó que el “momento de excepción” no desapareció. “Pasó una primera ola y ahora viene una segunda ola mucho más complicada”, dijo. Por lo tanto, consideró que sigue siendo necesario tomar medidas para proteger a los inquilinos.
La semana pasada, con críticas al ministro Ferraresi, Inquilinos Agrupados realizó una presentación en el Juzgado Contencioso N° 6 para suspender desalojos luego de que venciera el plazo del decreto que los prohíbe. “Presentamos amparo pidiendo a la Justicia que frente a la medida tomada por el ministro Jorge Ferraresi de no extender el decreto de forma irresponsable y sin conocimiento de la situación de los inquilinos, suspenda los desalojos. Los mantendremos informados de las novedades”, indicó la agrupación.
Además, denunciaron que “la reactivación de desalojos de vivienda en momentos donde el Gobierno nacional oficializa la segunda ola con circulación de nuevas cepas puede provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el país”.
El pasado 1º de abril venció el decreto del Gobierno que congelaba los alquileres y prohibía los desalojos por falta de pago. Ante este medida, el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que impulsaba la creación de un nuevo registro que funcionará como una base de datos con los inquilinos que se encuentren al borde de un posible desalojo.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se creó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos, que va a recolectar información sobre casos concretos de desalojos en el próximo tiempo, ya sea porque los inquilinos no pueden sostener los contratos o porque están vencidos. Desde el ministerio aseguraron que la intención es que las familias desalojadas tengan prioridad para acceder a los planes de viviendas del Estado, como Casa Propia –que prevé la construcción de 264.000 viviendas en tres años– o Procrear.
“Presentamos un amparo y una medida cautelar para que la justicia le pida al Estado que frene los desalojos hasta tanto tenga un plan real para contener y proteger la vivienda. El protocolo difundido por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat aún es un proyecto y los inquilinas e inquilinas necesitan no quedar en la calle hoy frente a la emergencia sanitaria y la llegada de la segunda ola. Sin vivienda, hoy, se pone en riesgo la vida”, señaló Gervasio Múñoz, de Inquilinos Agrupados.
El CELS y la Universidad Nacional de San Martín realizaron una encuesta en septiembre pasado, donde el 65% de los inquilinos del AMBA manifestó que había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para costear los gastos cotidianos. En tanto, la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran deuda de alquileres de hasta cinco meses. Además, destacaron que muchos propietarios iniciaron juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de los casos judicializados comenzarán a dictar desalojos.
El marzo del año pasado, a poco del comienzo de la pandemia, el Gobierno a través de un decreto dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales de desalojo de inmuebles por el incumplimiento de los pagos y también prorrogó la vigencia de los contratos de alquiler y congeló los precios. La medida fue prorrogada varias veces y finalmente venció a fines de marzo de este año.