Reiteradas veces nos dedicamos a analizar el problema de las vacunas contra el coronavirus, un tema que mantiene en ascuas a los argentinos por su manifiesta escasez. Y no es para menos, acceder a la vacuna podría significar la diferencia entre la inmunidad y la muerte.
El 4 de noviembre en este mismo espacio decíamos: La mayoría de las decisiones que toma el gobierno de Alberto Fernández son polémicas, pueden ser correctas o no, según el cristal con que se miren, pero generalmente son controversiales. En ese momento todavía no estaba demostrada la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V, pero el gobierno anunciaba que Argentina adquirirá 10 millones de esas vacunas. Felizmente la vacuna resultó eficaz y aprobada por la ANMAT y por prestigiosos medios, pero los anuncios del gobierno no se cumplieron; hasta el 1 de marzo, arribaron a nuestro país, un total de 2.470.540 dosis. [i] Alberto quedó muy lejos de cumplir con su palabra, cuando anunciaba el 12 de diciembre que la vacuna Sputnik V permitiría inmunizar, entre enero y febrero, a 10 millones de personas. En ese momento el presidente también anunciaba que se trataba del tercer contrato que la Argentina firmaba por las vacunas. “El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano” de Rusia.[ii]
Además de las rusas, llegaron 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, de origen chino, y 580 mil dosis de la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que fueron producidas por el laboratorio Serum Institute de la India.
Nunca sabremos qué pasó con la vacuna de Pfizer. Recordemos que Alberto recibió en Olivos los primeros días de julio del año pasado, al gerente general del laboratorio, Nicolás Vaquer, y al Director Científico de la Fundación Infant, quien adelantó que la Argentina había sido seleccionada para una de las pruebas técnicas de una vacuna. Pfizer aparecía como una buena solución, más aún con la decisión empresarial de avalar pruebas técnicas en el país. En diciembre el Ministro de Salud, Gines González García, declaró que Pfizer ponía exigencias inaceptables para vendernos su vacuna y que se habían congelado las negociaciones de compra con la empresa norteamericana. Un asunto muy turbio. La vacuna de Pfizer es la que genera mayor confianza en el mundo y la que se esta utilizando prioritariamente en los países más avanzados.
Ahora se supo que ya se gastaron la mitad del presupuesto previsto para las vacunas y solo se vacunó con la primera dosis un poco más del 4 % de la población.
La Ministra de Salud Carla Vizzotti señalaba días atrás que “El 90% de las dosis de las vacunas contra COVID-19 está en un 10% de los países”. Bien sabido era que las naciones más ricas serían las principales compradoras de vacunas, lo que dijo no es una novedad para nadie. Pero países como Chile (pongo como ejemplo) se ocuparon en tiempo y forma del asunto y es así como ya tienen vacunada al 25 % de la población con una dosis.
El escándalo de la vacunación VIP resultó un baldón para el gobierno de Alberto Fernández, un acto de extrema inmoralidad que pega de lleno en figuras de la política, a funcionarios, sindicalistas, legisladores, intendentes, gobernadores, empresarios poderosos y a los jóvenes de la Cámpora. El asunto le costó el cargo al Ministro de Salud, sin embargo, al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini que se hizo vacunar él y su mujer fingiendo ser “personal de Salud” no se le movió un pelo. “Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras”