Dejaron libres a unos 5000 delincuentes, aduciendo motivos sanitarios o humanitarios por la epidemia de Covid. Son incapaces de contener el aumento de la criminalidad, muchos de esos delincuentes que son una peste como los motochorros, ingresan a los tribunales por una puerta y salen por la otra. Las cárceles están abarrotadas y no cumplen con la premisa constitucional de ser “sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, [i]
Como si todo eso fuera poco para generar mayor temor a la ciudadanía, derogan el Decreto 70/2017 emitido por Macri, que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizaba sus expulsiones cuando eran acusados de haber cometido un delito y también a los infractores de la Ley de Migrciones 25871.
Durante el gobierno de Mauricio, se radicaron en el país 820.000 personas y fueron expulsadas, gracias al decreto que comentamos, unos 3000.
El gobierno argumenta al derogar el Decreto, que se violaba el principio del debido proceso el derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa.
Sin embargo esto no es así. Según el diario Clarìn un ex funcionario de la gestión anterior desmintió ese argumento. “El objetivo del decreto era agilizar las expulsiones y, de hecho, las agilizó. Siempre respetando el debido proceso. La gente tenía derecho a la defensa, a tener un abogado defensor, la doble instancia administrativa y la doble instancia judicial. Ninguna persona fue expulsada sin conocimiento ni aceptación ni pronunciamiento de un juez. Ningún caso fue sin revisión judicial”, dijo la fuente consultada por Clarìn. [ii]
La Dirección de Migraciones puede dictar la expulsión de un ciudadano extranjero cuando está en infracción a la Ley de Migraciones 25.871 o imputado en una causa penal. Esa decisión siempre necesita de una orden de “retención” firmada por un juez para que la persona sea trasladada a su país de origen.
En la ciudad de Buenos Aires, se estima que el 18 % de los delitos, son protagonizados por inmigrantes. Se muestra como un absurdo total un gobierno que no puede brindar seguridad a los ciudadanos honestos, que deja libre a criminales presos y que fomenta el ingreso de delincuentes. El crimen organizado, especialmente el de los narcotraficantes, está de parabienes, podrán ingresar sin restricciones los grandes capos de las mafias y de los cárteles de la droga.
Lloro por tì Argentina.