Los furibundos ataques del presidente Fernández formulados en su discurso ante la Asamblea Legislativa y el destemplado alegato de la Vice, Cristina de Kirchner, ante la Cámara de Casación Penal, están generando el comienzo de una crisis institucional de enorme magnitud. No se registra en nuestra historia democrática, un enfrentamiento tan desmesurado contra la justicia y muy especialmente contra su cabeza institucional, la Suprema Corte.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto no tuvo reparos en lanzar reclamos que no corresponde formularlos en ese ámbito, habló para su jefa y no para los legisladores o el país. Él sabe, por ser abogado y docente de derecho, cuales son los caminos y los espacios institucionales adecuados y previstos por la Constitución y las leyes, para el juzgamiento de los jueces y fiscales.
Por su parte Cristina en su alegato, que más que alegato fue una diatriba, lanzó acusaciones de variados tipos y con vehemente furia, atacó a la justicia en general. La Vice montó una cuidadosa escenografía en el Senado que preside, para impresionar al tribunal que la juzga. Una foto del finado Néstor de fondo y la bandera nacional a su derecha. Habló por más de cincuenta minutos, se refirió a un “sistema podrido y perverso”, “corporativo”, regido por el «lawfare”, y responsabilizó a la justicia por los problemas financieros del país En varios tramos acusó al presidente de la Sala, Daniel Petrone, y a su par Diego Barroetaveña, de contribuir en la afectación “de la ciudadanía y su patrimonio”.
Resulta evidente que la vicepresidenta está muy preocupada por los avances de la justicia en las causas por corrupción donde ella está procesada. Alberto poco pudo hacer hasta ahora, para frenar los procesos. El reciente fallo condenatorio de Lázaro Baéz, donde también se condena a los hijos del santacruceño devenido en empresario multimillonario, intranquiliza a Cristina, porque sus propios hijos están acusados en algunas de las causas. Si bien Máximo tiene fueros y está lanzado a la política, su hermana Florencia no los tiene.
El camino elegido por Cristina es desbaratar a la justicia, cambiar a los jueces y reformular todo el sistema judicial, para lograr una impunidad total. Ante ello, muchos se preguntan si no es el momento de que el presidente indulte a Cristina y deje en paz a la justicia. Porque tras esa necesidad de lograr la impunidad están destrozando a la república. Pero Cristina quiere que se la declare inocente, insiste en esa ficción del “lawfare”, que sus causas son políticas y dice no querer el indulto presidencial. Hay otros inconvenientes, como que el indulto en nuestro país, se da a los condenados y no a los que todavía están en proceso. Además, un indulto por hechos de corrupción sería extremadamente duro y nadie puede evaluar la segura reacción popular.
Así están las cosas y el país va de lleno a una gran crisis institucional de imprevisibles consecuencias.
Cuando el origen es espurio, como el supuesto pacto “Yo te hago presidente a cambio de impunidad, pero donde la que ordena y dispone soy yo”, y se han subvertido los roles constitucionales, nada bueno se puede esperar.
Lloremos por ti, Argentina.