El comunicado del interventor de la UCR, José «Lucho» Argañaraz. expresa «Las presiones de funcionarios y legisladores cercanos al gobernador no hicieron mella en nuestros legisladores (José Ricardo Ascárate y José María Canelada)»
Sostuvo que «buscaban la abstención o la ausencia a una sesión convocada con un fin específico y pautado por las normas constitucionales. El voto de nuestros parlamentarios, coherente con la posición de un partido centenario, fue un freno al embate de un gobernador que quería la acefalía de la Defensoría del Pueblo para avanzar sobre otra institución como ya lo hizo con la Justicia durante todos estos años».
Para el interventor radical «la interna política en el seno del partido gobernante, manchó lo que debería haber sido un proceso normal de renovación de un cargo político reconocido por la Constitución. Pero la irresponsabilidad de dirigentes que juegan con las instituciones, como si fueran patrimonio propio, no pueden enlodar las decisiones tomadas en el marco de las leyes vigentes».
Por último, ratificó que «la Unión Cívica Radical funda sus principios en la defensa de las instituciones y la república. Por eso, el voto de nuestros legisladores para renovar al Defensor del Pueblo, tiene sus raíces en esas convicciones que trascienden nombres y coyunturas».
