Jue. Mar 28th, 2024

El legislador José María Canelada realizará durante esta jornada de miércoles, una denuncia penal en contra de la ministra Rossana Chahla por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. En la presentación también se denunciará al secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, y al funcionario José Antonio Gandur, a raíz de presuntas irregularidades en la vacunación contra el coronavirus en Tucumán.

La presentación judicial se basa en las contradicciones en las que incurrieron las autoridades sanitarias de la provincia ante casos puntuales que aparecieron en los últimos días. Al instalarse la sospecha, y al conocerse que el funcionario Gandur se había vacunado, la ministra Chahla aseguró que «lo había hecho de forma privada», mientras que cuando le preguntaron si se podía conseguir de manera privada la vacuna, en una rueda de prensa, afirmó: «si trabajan en salud sí». Además, en otra entrevista, afirmó que «se distribuyeron dosis entre sanatorios, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios y obras sociales. En esos casos no sabemos a quiénes se vacunó ya que se trata de listados que elaboraron las entidades privadas».

En ese sentido, la denuncia de Canelada destaca que el director de Gestión Sanitaria Miguel Ferre Contreras afirmó que toda la vacunación viene desarrollándose en el ámbito público y que no se envían vacunas a ninguna entidad. También, que el Siprosa solicita a las instituciones privadas que inicien expedientes donde provean la nómina entera de su personal y que una vez que se valida el expediente con la información provista, se realiza la vacunación. En ese sentido, el sistema público no podría desconocer a quiénes se vacunó, como aseguraba Chahla.

Las contradicciones se abonaron con declaraciones del diputado y ex ministro de Salud Pablo Yedlin, quien abrió la puerta a que hubiera vacunaciones en lugares privados al señalar que «si este señor Gandur se vacunó en un laboratorio privado, fuera de la norma, la dueña o dueño del laboratorio tendrá que dar sus explicaciones». Incluso, el gobernador Juan Manzur habló del caso Gandur y señaló que se entregaron vacunas: «el caso es que hay muchos colegas y hay mucha gente que trabaja también en el sistema de la seguridad social, que es lo que se han entregado las vacunas para que toda esta gente que trabaja también en el sistema de salud, en los sanatorios, en los laboratorios, o en otras instancias, también figuran dentro de los parámetros críticos para ser vacunados». En la denuncia, se solicita que todas las personas que entraron en contradicción, sean citados.

En ese sentido, Canelada advirtió: «cuando empezamos a solicitar la información de la vacunación en Tucumán, las autoridades juraban que no había irregularidades, que se había hecho todo perfecto y que no había nada que esconder, pero jamás dieron la información. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero jamás dieron la información. En su momento solicitamos los datos para que los tucumanos pudieran tener confianza tras el vacunatorio vip. Ahora, el Gobierno de Tucumán debe dar explicaciones de sus propios actos. La esperan el personal de salud que aún no se vacunó, personal de seguridad, personas con problemas de salud, adultos mayores y toda la ciudadanía».

En ese sentido, la denuncia de Canelada destaca que el director de Gestión Sanitaria Miguel Ferre Contreras afirmó que toda la vacunación viene desarrollándose en el ámbito público y que no se envían vacunas a ninguna entidad. También, que el Siprosa solicita a las instituciones privadas que inicien expedientes donde provean la nómina entera de su personal y que una vez que se valida el expediente con la información provista, se realiza la vacunación. En ese sentido, el sistema público no podría desconocer a quiénes se vacunó, como aseguraba Chahla.

Las contradicciones se abonaron con declaraciones del diputado y ex ministro de Salud Pablo Yedlin, quien abrió la puerta a que hubiera vacunaciones en lugares privados al señalar que «si este señor Gandur se vacunó en un laboratorio privado, fuera de la norma, la dueña o dueño del laboratorio tendrá que dar sus explicaciones». Incluso, el gobernador Juan Manzur habló del caso Gandur y señaló que se entregaron vacunas: «el caso es que hay muchos colegas y hay mucha gente que trabaja también en el sistema de la seguridad social, que es lo que se han entregado las vacunas para que toda esta gente que trabaja también en el sistema de salud, en los sanatorios, en los laboratorios, o en otras instancias, también figuran dentro de los parámetros críticos para ser vacunados». En la denuncia, se solicita que todas las personas que entraron en contradicción, sean citados.

En ese sentido, Canelada advirtió: «cuando empezamos a solicitar la información de la vacunación en Tucumán, las autoridades juraban que no había irregularidades, que se había hecho todo perfecto y que no había nada que esconder, pero jamás dieron la información. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero jamás dieron la información. En su momento solicitamos los datos para que los tucumanos pudieran tener confianza tras el vacunatorio vip. Ahora, el Gobierno de Tucumán debe dar explicaciones de sus propios actos. La esperan el personal de salud que aún no se vacunó, personal de seguridad, personas con problemas de salud, adultos mayores y toda la ciudadanía».