El martes 8 de septiembre, en nuestra nota editorial titulada, “Tucumán, de escándalo en escándalo”, decíamos que el problema de la inseguridad ciudadana es de larga data, que faltan políticas activas de prevención del delito, que las fuerzas policiales están mal preparadas, mal equipadas y se muestran insuficientes; que el sistema carcelario está colapsado y no cumple con la premisa básica de resocializar al delincuente. Por el contrario, las cárceles alojan a los presos en condiciones infrahumana.
Ahora los tucumanos estamos consternados por otro brutal crimen, el de Rocío Abigail Riquel, que inquieta a Tucumán y a todo el país, La pequeña, de solo 9 años de edad, fue encontrada muerta en un descampado a pocas cuadras de su casa, ocho horas después que fuera vista por última vez. El principal sospechoso, un tal “Culón”, que tiene numerosos antecedentes por robo y robo agravado, se encuentra prófugo. Se dice que tiene problemas severos de adicción y según fuentes judiciales, habría recuperado la libertad el 10 de octubre después de haber sido arrestado por un delito contra la propiedad. Lo vinculan al crimen porque un testigo afirma haberlo visto caminando de la mano de la pequeña. También sospechan porque él y su madre fueron los únicos vecinos que no colaboraron con la búsqueda. Este es un escándalo que trasciende las fronteras de la provincia para proyectarse al plano nacional.
En la misma nota del 8 de septiembre, señalábamos que Tucumán estaba sin servicio de transporte desde hacía más de una semana de manera ininterrumpida y en lo que iba del año, sin servicio por más de 40 días. Hoy podemos decir que este tema, en lugar de resolverse, se ha empeorado, hace ya más de dos semanas ininterrumpidas que no hay servicio y suman 58, los días de paro en lo que va del año. ¿Quién resuelve el problema de un servicio que es de primera necesidad? ¿El Gobernador? ¿el Intendente? ¿acaso el Presidente? Pues no señor, más vale que lo resuelva el «Gran Bonete». ¿Dígame si esto no es otro escándalo?
Otro asunto que tiene gran impacto en la sociedad, es la denuncia del camarista Enrique Pedicone contra el juez de la Suprema Corte, Daniel Leiva, por tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. Que un camarista denuncie a un Juez del Tribunal Supremo, es un asunto de enorme significación, que no solo impacta entre los hombres de derecho, sino también en los sectores vinculados con la política local, máxime cuando en la denuncia se involucra a políticos de otros poderes del Estado. El Dr. Pedicone dice tener suficientes pruebas sobre su denuncia y es razonable que los medios nacionales le den amplia cabida por el escándalo institucional que representa. Pedicone pidió licencia mientras se investiga el asunto, Leiva no. Una cuestión extremadamente penosa que enloda a Tucumán.
La misma Legislatura de Tucumán, es un permanente escándalo en sí misma; inexplicablemente, es la más cara del país, con un gasto anual por legislador de 85,7 millones de pesos. Un gasto extravagante, en una administración provincial que solo puede pagar los sueldos requiriendo ayuda de la Nación. Y más insólito aún, cuando lo comparamos con otras legislaturas. Sin ir más lejos, la de Santiago del Estero, nuestra provincia vecina, que solo gasta por legislador 3,8 millones de pesos. Un legislador tucumano cuesta 22 veces y media más que un par santiagueño. ¡Qué manera de auto valorizarse!
Vivir de escándalo en escándalo, pareciera no importar a nuestros comprovincianos que se muestran muy pasivos, y mucho menos importa a nuestros gobernantes, que disfrutan del poder y arman las estructuras políticas en base a puro asistencialismo para continuar indefinidamente en el poder.