PUBLICADO POR EL DIARIO LA GACETA EN SU EDICION DEL
15 SEPTIEMBRE DE 2020
La arbitraria y sorpresiva quita de un punto de la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia homónima, ha puesto nuevamente el tema de la coparticipación federal en la palestra.
Resulta vergonzosa la actitud de los gobernadores que suscribieron el documento, titulado «Reducir desigualdades para una Argentina Federal«, redactado por la Casa Rosada. En ese instrumento respaldan «la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado» y confían en que permitirá «reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismos en distribución de fondos o proyectos».
Estos gobernadores parecen ignorar la cláusula transitoria 6 de la Constitución reformada en 1994 que ordena establecer un nuevo régimen de coparticipación federal antes de finalizar el año 1996. La Ley convenio, que reemplazará a la vigente 23588 sancionada en 1988, tiene ya un atraso de 24 años, sin que a los gobernadores se les haya movido un pelo.
Al ser una ley convenio, las partes, es decir la Nación y las provincias, deben ponerse de acuerdo antes de que sea enviada al Congreso. Este la debe sancionar sin modificaciones.
En las discusiones previas, debe establecerse en primer lugar, la coparticipación primaria, es decir, los porcentajes que le corresponden a la Nación por una parte y al conjunto de las provincias por el otro. Luego las provincias discuten la «distribución secundaria» que son los porcentajes que le corresponderán a cada una de ellas. Es evidente que las discusiones deben darse entre las administraciones provinciales y el gobierno nacional, no en el Congreso. Nos preguntamos, ¿por qué estos gobernadores que ahora apoyan la polémica quita, no se pusieron de acuerdo para discutir seria y oportunamente el nuevo régimen de coparticipación.? Por tratarse de distribución de recursos, no caben dudas de que no resulta fácil cumplir con el mandato de 1994, pero ni las provincias, ni la nación, han hecho esfuerzos por establecer un régimen de coparticipación que sea equitativo, permanente y sujeto a parámetros objetivos, dejando de lado la arbitrariedad, garantizando, además, la automaticidad en la remisión de los fondos. Al no haber consenso, no se habla más del asunto.
La mencionada Ley N.º 23.548 estableció una distribución primaria del 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias, apartando un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias más atrasadas, y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).
Posteriormente, en el año 2003, por decreto, se dispuso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibiera un 1,4% de los fondos coparticipables, cediéndolos de la parte que le correspondía a la Nación. El presidente Macri, dictó el Decreto No. 196/2016, elevando el porcentaje de coparticipación correspondiente a la CABA, que pasó del 1,4 al 3,75, por la transferencia de la Policía Federal, bomberos y otras dependencias a la ciudad. Del mismo modo, el monto fue deducido de la parte de la coparticipación que le corresponde a la Nación. El mismo Macri, en 2018, por decreto 257 redujo el porcentaje, de manera que este quedó fijado en 3,50 %.
La Constitución establece que deberán adoptarse criterios objetivos de reparto que expresen una relación directa entre las competencias, servicios y funciones a cargo del Gobierno Federal, los Gobiernos de Provincias y la CABA, y los recursos a percibir, debiendo además propender a una distribución igualitaria y solidaria tendiente a lograr un grado equivalente de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en toda la Nación. En el mismo inciso la CN determina que “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.
No caben dudas de que la arbitraria quita de recursos coparticipables para dárselos a otra jurisdicción, violenta el espíritu de la Constitución reformada en 1994, y agranda la grieta entre porteños y provincianos.