El gobierno ha interpretado la movilización del 17 como un desafío. Y con esa idea, aparentemente ha decidido redoblar su apuesta.
No puede darse otro significado al DNU que avanza sobre los servicios y el acceso a las redes de telecomunicaciones, al modificar lo establecido en la Ley, 27078, sancionada por el Congreso en diciembre de 2014, dándoles la calificación de «servicios públicos» a los que la ley había declarado como de “interés general”. Con la nueva calificación, la titularidad de ese servicio, de manera legal y automática, pasa a ser Estatal y sometida a un régimen jurídico especial.
El presidente, Alberto Fernández, al anunciar el dictado de este decreto, se equivocó una vez más. Dijo que “de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado” lo que no es cierto. Resulta extraño que ignore que la Ley fue sancionada por el Congreso en 2014, como lo decíamos, y registrada el 16 de diciembre de ese año, con la firma de Amado Boudou y Julián Domínguez, Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente.
Mas allá de que se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia, viciado de nulidad, ya que el Congreso está funcionando y no se advierte urgencia alguna para dictarlo, advertimos los peligros que encierra.
Cuando se califica a una actividad como “servicio público” el Estado puede asumir la prestación, de manera directa, creando su propia empresa o de manera indirecta, a través de empresas privadas a las que se les concede el servicio. Telecom, Movistar y Claro, dejaran ahora de ser las titulares del servicio que prestan para ser solo, concesionarias del Estado y, consiguientemente, obligadas a una prestación determinada por el Estado y con tarifas también fijadas por el Estado.
Las prestaciones de este tipo de empresas, requiere de grandes inversiones y estar al día con las nuevas tecnologías, las que se actualizan velozmente. Declarándolas servicios públicos y haciéndolas dependientes del Estado, solo se generará atraso tecnológico y desinversión, lo que redundará en malos servicios.
Este nuevo atropello institucional, que podría costarle muy caro al país ya que se cambian sobre la marcha las condiciones legales, es un nuevo ejemplo de que Cristina, está detrás de las decisiones. Impera el “vamos por todo” que es su consigna y su meta.
En un país que necesita de nuevas inversiones para recuperar su economía y fortalecer el mercado laboral, este DNU es una advertencia para que no se invierta. El mensaje del gobierno es “estamos en contra de la empresa privada” y por ende, del capitalismo.
Y otro efecto, no sabemos si deseado o no, es el ensanchamiento de la grieta. Alberto, que vino a proponer la unión de todos los argentinos, está haciendo todo lo contrario; con sus acciones y proyectos divide cada día más a la sociedad argentina. Debería echar una ojeada a nuestra propia historia y tomar como modelo de conducción a nuestro comprovinciano Nicolás Avellaneda, que logró durante su gobierno, la tan declamada y poco experimentada, “unidad nacional”.