La reforma judicial nació viciada. Está ideada para facilitar la impunidad de Cristina y sin decorosos camuflajes que oculten la real intencionalidad, armaron una comisión de juristas para proponer cambios en el funcionamiento de la Corte. Comisión en la que sobresale el abogado de Cristina, Carlos Beraldi y su socio y mentor, León Arslanian.
Beraldi defiende a Cristina en causas por corrupción, y también fue abogado del zar del juego, Cristóbal López y de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta. Hay quince quejas en la Corte vinculadas a las principales causas por corrupción contra Cristina y seis de ellas fueron presentadas por Beraldi. Un claro ejemplo de desvergüenza; un elemental principio ético, hubiera inducido a la renuncia de ambos por lógica incompatibilidad ya que existe una evidente colisión de intereses.
La preocupación de la gente pasa principalmente por el Covid 19, donde se registran cifras récord de contagios, no obstante, los cinco meses de una cuarentena, que ha destruido la economía y por la inseguridad, que está más caliente que nunca. Sin embargo, el gobierno tiene una agenda distinta, prioriza la reforma judicial que lejos de tener consenso, genera rechazos.
El dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, ya elevado al cuerpo para su tratamiento, incorporó una cláusula que afecta la libertad de expresión y es, a todas luces, violatoria de derechos constitucionales.
Uno de los aspectos destacables del proyecto de reforma, es el que establece un conjunto de reglas de actuación de los jueces en las causas donde les corresponda intervenir. Se trata de una serie de pautas tendientes a garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables y la independencia del Poder Judicial. Esto podría resultar positivo sin duda, pero el Senador neuquino Oscar Parrilli, insistió y logró incorporar en la Clausula de referencia, a los medios de comunicación, utilizando el término “mediático”.
El artículo 72 inciso e) del dictamen aprobado sostiene: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (…) comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Oscar Parrilli, todos lo deben recordar, fue el vocero de Cristina y en las grabaciones de audio que fueron difundidas oportunamente, se pudo escuchar el grosero maltrato al que lo sometía la ex presidente.
Ahora, como buen amanuense de la vicepresidenta, la enmienda, que ya se menciona “como enmienda Parrilli”, está diseñada por Cristina, sin duda y “es un esperpento jurídico que no establece condiciones objetivas o subjetivas del presunto implicado, no determina en qué circunstancias se consideraría “cualquier intento de influencia” en las decisiones del magistrado y tampoco articula un mecanismo de defensa del periodista que supuestamente aprovechó su poder mediático” [i].
La inconstitucional cláusula, fue rechazada de inmediato por diversos sectores, juristas, empresarios, prensa y oposición. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) consideró que la misma tenía como fin «favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado». Ya, con el dictamen del Senado, la Asociación emitió un segundo comunicado señalando, “que esto forma parte de «normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo», que terminan «desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión». También, vislumbraron un «objetivo de represalia» ante el trabajo periodístico en casos de corrupción.
Es muy probable que el Proyecto no pase el filtro de Diputados, donde el oficialismo se verá en figurillas para conseguir el quórum necesario. Y ojalá sea así, porque las necesidades de la gente, sin duda, no pasan por la reforma judicial que promueve Cristina para lograr su absolución.