Ante la ola de violencia criminal, y ante la falta de respuesta del Estado, responsable de brindar a los ciudadanos seguridad sobre su vida y sus bienes, se advierten señales muy graves de justicia por mano propia
Días atrás, en un humilde barrio de Longchamps localidad de la provincia de Buenos Aires. Tres delincuentes les robaron y dispararon con un arma a una pareja de jóvenes, a través de la reja de entrada de una vivienda. Al momento de escaparse, fueron repelidos a tiros por el dueño de casa. Como consecuencia de los disparos, uno de los ladrones murió y otro se encuentra internado en grave estado.
Poco después del episodio, representantes de la fiscalía tuvieron acceso al material de video filmado por las cámaras de seguridad de Claudio P. Allí, se pudo constatar que uno de los delincuentes efectúa los disparos en primer lugar y que el dueño de casa luego sale a responder el ataque, también con tiros.
La causa quedó en manos de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. María Durán, quien caratuló la causa como “Robo agravado y homicidio”. Se incautó el arma de fuego utilizada por el dueño de la casa y aún no se resolvió su situación procesal.
Jorge Adolfo Ríos un jubilado de 71 años, enfermo, con Epoc y con un riñón extirpado, que camina con bastón y padece discapacidad visual, fue sorprendido mientras dormía por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda y lo golpearon brutalmente para que confesara dónde tenía dinero. En esas circunstancias, extrajo una pistola de su propiedad y les efectuó al menos seis disparos.
Dos de ellos lograron escapar, pero Franco Martín Moreyra, resultó herido y murió tendido en la calle.
El fiscal Ariel Rivas, del Departamento Judicial de Quilmes, interpretó que “el ladrón fue baleado en un estado de total indefensión, cuando ya no representaba ningún peligro”. El fiscal convirtió al “indefenso” delincuente en víctima y al asaltado y golpeado anciano, en victimario. El jubilado está por ahora con prisión domiciliaria. Sus vecinos se movilizaron para reclamar por la actuación judicial. Una muestra evidente de que la justicia va en sentido contrario a los reclamos de la sociedad.
En nuestra provincia, el domingo, alrededor de las 4 de la mañana, dos individuos subieron a un taxi conducido por Roque Medina, suboficial retirado de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Le solicitaron que los trasladara hasta la ciudad de Lules. Al llegar a la calle España y pasaje Posse, de esa localidad sureña, los pasajeros blandieron un elemento punzante (una “punta”) y amenazaron al conductor con el propósito de apoderarse del dinero que llevaba.
El conductor después de haber recibido un golpe y de ser amenazado por uno de los individuos con un revólver, sacó un arma y gatilló, una pistola Bersa Thunder 9 milímetros para defenderse. Los dos asaltantes descendieron del vehículo y comenzaron a correr para darse a la fuga por un pasaje sin nombre. El conductor descendió del rodado casi al mismo momento y realizó disparos en contra de los jóvenes. Uno de ellos, Javier Coca, recibió tres tiros: en la región lumbar izquierda, en el glúteo izquierdo y en la cara posterior de la pierna derecha. Las lesiones le causaron la muerte. El chofer del taxi se retiró del lugar en su automóvil. Horas después fue identificado y lo encontraron en su casa. El otro individuo, fue aprehendido por la policía.
Tres hechos, tres homicidios, y tres detenidos por actuar en defensa propia. El problema se plantea cuando se esgrime la figura penal del “exceso en la legítima defensa” lo que significa un homicidio penado severamente por la ley.
Los ciudadanos, ante la ausencia del Estado, que ha fracasado en sus políticas de contención de la delincuencia, se defienden como pueden y haciendo uso de sus propias armas de fuego. Es el Estado el que está promoviendo esta situación extrema. ¿Puede considerarse exceso en la legítima defensa, la que asume alguien que está sufriendo una violenta agresión criminal y que se trata de una persona honorable y de trabajo, que no ha provocado de manera alguna esta situación?
Nos imaginamos el grado de nerviosismo del que es atacado, golpeado, y/o amenazado de muerte, con un arma de fuego o un arma blanca en el cuello. Es una víctima que solo piensa cómo defenderse y salir de esta situación de emergencia que el no ha provocado.
¿En estas circunstancias, tiene capacidad para razonar si está ingresando en la figura del exceso en la legítima defensa?
Tomar la justicia por mano propia es regresar a un estado de barbarie, pero es absoluta responsabilidad del Estado el que debe asegurar protección a los ciudadanos honestos.
Y a las organizaciones de DDHH que están siempre listas para defender el delincuente, piensen que los DDHH son para todos, también para las victimas de la violencia criminal.