La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite, como excepción, que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate”. La razón es evitar un juicio que es evidentemente innecesario.
Cristina y Máximo irán a juicio, no así Florencia Kirchner. Nacida el 6 de julio de 1990, al momento de conformación de la organización en cuestión, tenía doce años y habría sido incorporada a la asociación con posterioridad al fallecimiento de su progenitor, ocurrido el 27 de octubre de 2010, relató Petrone en su voto. El camarista afirmó además que estaba clara la “ajenidad” de la hija de la vicepresidenta “al desempeño en cargos públicos” -algo que la diferencia no solo de sus padres sino también de su hermano- y al mundo “empresarial”. No obstante, no se le devolverán los dineros oportunamente secuestrados, porque “el origen de los fondos” sigue estando bajo sospecha. Son 4.664.000 dólares encontrados en una caja de seguridad, y 1.032.144 dólares y 53.280 pesos, en cajas de ahorros, embargados desde 2016.
Los jueces decidieron además “apartar a los jueces” Obligado y Grünberg, que habían dictado los sobreseimientos. Afirmaron que se daba un caso de “prejuzgamiento que quebró la imparcialidad como garantía para las partes del proceso”.
Cristina podría apelar ante la Corte con un recurso extraordinario que debe hacer ante la Cámara de Casación Penal Federal, la que puede concederlo o nó, pero hasta que esto no se resuelva, no se puede hacer el juicio oral, más allá de que se tienen que sortear dos jueces para Hotesur-Los Sauces y tres para el memorándum con Irán o elegir directamente un nuevo tribunal. Si la Cámara de Casación no lo concede, los abogados de Cristina tienen que hacer un reclamo a la Corte.
Recordemos que Cristina Kirchner ya fue condenada por el Tribunal Oral Federal 2, a seis años de cárcel por haber defraudado a la administración pública y haber perjudicado al Estado en 80.000 millones de pesos durante su gestión. La vice apeló el fallo porque dice que todo el debate oral como su resolución final respondió a una persecución política y asegura que no hay elementos jurídicos para sostener la sentencia. Argumentos similares utilizó en los casos Hotesur-Los Sauces como con el Pacto con Irán. Y la Vice se defiende apelando al concepto de Lawfare.
La situación judicial para Cristina se ha vuelto muy compleja. Deberá defenderse simultáneamente en varias causas y el falso argumento del Lawfare, que traducido del inglés significa algo así como Guerra Judicial, está desgastado y totalmente desacreditado, ya nadie lo considera.