Kicillof es uno de los personajes más amado por Cristina, fue su ministro de Economía y lo eligió para gobernar Buenos Aires; además su nombre se menciona como posible candidato a presidente. Resulta muy extraño que este personajecito, muy mediocre por cierto, sea uno de los eternamente favorecidos por el dedo de la actual vicepresidenta. También resulta extraño que sea un economista, doctorado y profesor de la UBA cuando ha cometido tantos desatinos que le han costado al país una astronómica suma en dólares.
Alfonso Prat-Gay, exministro de Economía, y Luciano Laspina, economista y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio, calcularon los costos acumulados por Kicillof como ministro de Economía, durante el mandato de Cristina, titulándolo “Kicicostómetro”. De acuerdo con éstos, los costos fiscales de las “negociaciones” del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires ascienden a US$33.724 millones.
Pero hay quienes hablan de cifras mucho mayores. En diálogo con el diario La Nación, el economista Fernando Marull, estima que la deuda generada a raíz de negociaciones y juicios con resultados desfavorables para la Argentina duplica lo que difundieron Prat-Gay y Laspina. “Los K ya le costaron al país más de US$65.000 millones” afirma.
Según Prat Gay “Cuando Kicillof dijo de expropiar las acciones de Repsol no iban a costar nada terminó pagando 5.000 millones de dólares. La negociación con Griesa fueron 12.000 millones de dólares”, expresó. También mencionó los acuerdos con el Club de París y los fallos recientes contra el país.
Prat Gay propone denunciar a Kicillof penalmente y recuerda que, en su momento, denunciaron penalmente a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno porque pagaron de más con el cupón de PBI, al inflar el crecimiento económico, pagándoles a los bonistas por un crecimiento que no había existido. “El juicio no avanzó, pero quedó demostrado que pagaron de más, calculamos US$2.386 millones”, especificó el exministro, en una entrevista por Radio Rivadavia.
Actualmente debería haber algo semejante al “Juicio de Residencia” para los presidentes, gobernadores, ministros, intendentes y altos funcionarios. Esta colonial figura jurídica propia del derecho castellano o indiano, se aplicaba cuando concluía la gestión de un virrey, un ministro, o un alcalde y consistía en que, al término del mandato, se sometían a revisión sus actuaciones. Las autoridades no se podían mover de su lugar físico mientras duraba la investigación y el juicio era sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo.
A la luz de los errores cometidos por Kicillof como ministro, no debería estar gobernando la provincia más grande de Argentina. Seguramente más adelante en el tiempo, conoceremos las culpas y errores de su administración provincial y el costo que generó al erario público.