Sáb. Abr 20th, 2024

Tenemos un Estado enorme y siempre hambriento. La deuda externa en dólares y la interna en pesos ajustables, la altísima carga fiscal, la galopante inflación, producto de una emisión descontrolada, son efectos de la angurria de los gobiernos que no vigilan el gasto público, y en lugar de ajustarlo a niveles razonables, solo buscan incrementar los ingresos, a costa de los que producen.

Y en esta falta de ideas originales, se lleva la palma el asesor presidencial, Antonio Aracre, quien habla de la necesidad de más tributos para sostener el gasto público y no de reducirlo. Entrevistado por el diario La Nación señaló, “Hasta tanto crezcamos y la base imponible sea lo suficientemente alta para que la recaudación sustente ese gasto, ¿no tendremos que buscar algún nuevo tributo?”.

Parece un despropósito contratar un nuevo asesor para que proponga lo que en el país viene proponiéndose desde hace muchas décadas, lo que ha generado una presión fiscal insoportable para el sector privado. En diferentes oportunidades señalamos en esta columna editorial el enorme costo fiscal y la complejidad del sistema tributario argentino, lo que genera desaliento y lógicamente desinversión en el empresariado.

Un reciente relevamiento efectuado por la red KPMG, publicado por el diario La Nación, consigna que solo 3,6 % de las empresas desarrolló un plan de inversiones en 2022 y que el 50% desinvirtió y señaló como motivo, el marco fiscal.

Hay muchos impuestos regresivos y distorsivos sobre un total de 167 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales que se tributan en nuestro país.  En el relevamiento de KPMG se pide identificar cuáles son las que impactan con mayor fuerza en la formación de precios de los bienes y servicios. El 52% de las respuestas apuntó a Ingresos Brutos como el gravamen con mayor impacto. Ganancias (20%) y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (9%) fueron los otros dos más votados.

Ingresos Brutos es un impuesto provincial que está considerado altamente distorsivo por sus efectos sobre la inflación y la actividad. Alcanza a todas las etapas de la producción y comercialización de un bien –incluso, a servicios vinculados, como los financieros–, con lo cual la carga se va calculando sobre valores que ya tienen incluido el impuesto que se agregó en etapas anteriores. Es distorsivo también por su base imponible, que no contempla los ingresos de forma neta. Además, es regresivo, por su impacto en los precios.

El 98% de los relevados no cree que haya legítimo interés de las provincias en atraer inversiones con incentivos tributarios.  Además advierten que la presión fiscal provincial impacta en la existencia de limitaciones “en la oferta de bienes y servicios para los residentes”, porque hay empresas que deciden restringir su operación en determinadas jurisdicciones.

No caben dudas de que el futuro gobierno deberá encarar una amplia reforma fiscal, claro está que previa o simultáneamente, deberá reducirse el costo del Estado, adecuando sus estructuras a lo realmente necesario, disminuyendo el costo de subsidios y planes sociales, y operando sobre las empresas estatales para hacerlas eficientes.

Poco tiempo atrás circulaba por las redes un mensaje con una curiosidad del último censo, el total de personas que se auto percibe no binaria es de 9200. El presupuesto para atender políticas de género para 2022 fue de 4 billones de pesos. Un absurdo, cómo es absurdo lo que gasta la TV pública o el déficit de Aerolíneas Argentinas, también las gobernaciones de provincia con gobernadores que se trasladan en costosos aviones oficiales en lugar de utilizar transporte público. Un festival de gastos tan improductivos como innecesarios e irritativos.

El tan impopular ajuste, que se les exige a los privados, a los pobres jubilados y a los sectores que se esfuerzan y trabajan, debe comenzar a hacerlo el propio Estado, que debe ponerse a dieta. No pensar en nuevos impuestos o en aumentar los existentes. La craneoteca kirchnerista debería dedicarse a pensar y proponer recortes en el gasto, se sorprenderían de la cantidad de dinero que puede reducirse.