Como era de suponer, frente al cúmulo de pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y tras nueve días de alegato, se conocieron las penas solicitadas para los responsables del mayor hecho de corrupción de la historia argentina, tal como lo calificaron los fiscales.
Para Cristina Fernández la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
La fiscalía también solicitó 12 años de prisión, accesorias legales y costas para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.
Para el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión.
También solicitaron penas menores para varios exfuncionarios que participaron del mayor saqueo al Estado, del que se tenga memoria. “Se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado” sostuvo la fiscalía.
El fiscal Diego Luciani puso énfasis en señalar el artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en 1994, en el párrafo que dice “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”
Tras conocerse el pedido del fiscal, los paladares negros del cristinismo, la Cámpora, Hebe de Bonafini, Luis D Elía, algunos dirigentes sindicales y funcionarios, salieron con los tapones de punta a defender a la vicepresidenta.
El mismo Alberto tuiteo un mensaje de apoyo a Cristina. Pero no satisfecho con eso, su gobierno sacó un comunicado donde se expresa que “El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato fiscal y pedido de pena en la causa Vialidad”.
El presidente que se jacta de ser profesor de derecho ignora la Constitución, la que en su artículo 109 señala taxativamente: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación manifestó su honda preocupación por las declaraciones del presidente. Dice: «Entiende esta Asociación que esos cuestionamientos, vertidos a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo, no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
La inmensa mayoría de los argentinos apoya a la justicia, una justicia independiente, libre de influencias y presiones políticas, como corresponde en una auténtica república.
Ojalá que esto sea bien entendido por aquellos sectores que hoy se muestran enemigos de una democracia republicana.