Jue. Mar 28th, 2024

El Consejo de la Magistratura que hoy es el eje de un escándalo institucional muy enrevesado, es un instituto nuevo, creado por la Constitución reformada en 1994. Su principal función es la de seleccionar a los jueces y fiscales proponiendo ternas al presidente, y ratificar a los jueces que imparten la justicia, y a los fiscales del Ministerio Público.  Hasta entonces, los jueces eran designados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Asimismo, le corresponde al Consejo de la Magistratura procesar disciplinariamente a los jueces y fiscales y, eventualmente, destituirlos.


Este instituto que funciona en muchos países ha sido motivo de diversas reformas en su integración. La última ley impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina de Kirchner, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, a raíz de un planteo del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires que interpreta que la composición del organismo estaba distorsionada en favor de los políticos y no respeta el equilibrio necesario. Y para no dejar un vacío que impediría administrar la Justicia, determina que vuelva a tener vigencia la ley anterior es decir la 24.937 de 1999.  Vale aclarar que la ley que suplantó a esta y que ahora es derogada por la Corte, no anuló ni derogó la ley anterior.

Cristina se niega a aceptar el fallo de la Corte y en el intríngulis del problema, el diputado Marcelo Casaretto del Frente de Todos de Entre Ríos, efectuó un planteo ante el juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien dictó una medida precautelar ordenando al Senado y a la Cámara de Diputados que se abstengan de designar representantes al Consejo de la Magistratura, en contra de lo que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

El Máximo Tribunal de Justicia, como era de esperar, anuló todo lo decidido por el juez Alonso y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político. Dijeron, además, que Alonso “claramente se entrometió en la decisión de esta Corte” y en otras palabras “se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”.

El presidente de la Corte Horacio Rosatti asumió como lo establece la ley, la presidencia del Consejo, pero el kirchnerismo se muestra en franca rebeldía. Desde el Gobierno salieron con tapones de punta contra el Supremo Tribunal, el ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que hay una «intromisión de poderes» con la decisión del presidente de la Corte de estar al frente del Consejo.

Por su parte el Vice Ministro, Juan Martín Mena, declaró que: “Lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia en relación a lo resuelto con el Consejo de la Magistratura causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos…”

El desentendimiento entre el kirchnerismo y la Corte, ¿se resolverá pacífica e institucionalmente, o se avecina un grave conflicto de poderes?  La situación es muy delicada como es extremadamente frágil el escenario del país, con un 40 % de pobreza, una inflación del 60 % anual, con una honda grieta que separa al presidente de su vice y un gobierno que no pareciera tener capacidad de reacción.