Ya pasaron 19 días desde que R., de 33 años y nacionalidad boliviana que traficaba como ‘mula’ (o sea, trasladaba estupefacientes), fue secuestrado por una banda en San Miguel de Tucumán. La víctima había cruzado ilegalmente el 16 de marzo hacia la Argentina por el paso fronterizo de La Quiaca. 48 horas después, su familia comenzó a recibir llamadas, fotografías y videos donde se lo veía maniatado, herido y siendo torturado. Sus captores pedían dinero a cambio de su liberación y, unos días más tarde, cayeron detenidos. Además, se halló ropa ensangrentada de la víctima. Sin embargo, el paradero de R. continúa siendo un misterio.
Según revelaron a Infobae fuentes con acceso al expediente, los investigadores manejan dos hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido con la ‘mula’: una es que R. haya regresado por sus medios a Bolivia y permanezca en las sombras por decisión propia, en medio de un clima donde predomina el hermetismo. La otra es que haya sido asesinado.
“Por el momento, no se descarta nada, pero la hipótesis de que está con vida en Bolivia tomaría fuerza: el miedo y la ilegalidad de su situación no serían el mejor condimento para que se muestre a la luz”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.
Iniciada la causa, la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) hicieron varias medidas para dar con R. Se relevaron hospitales y terminales de transporte de pasajeros de la capital provincial. Pero la víctima sigue desaparecida. En el caso también interviene Interpol. Mientras continúa la búsqueda de R., su familia sigue muy preocupada. Entre ellos su padre, de 56 años, quien viajó a Tucumán desde Bolivia y denunció la desaparición. Y que además también tiene miedo.
Por el narcosecuestro hay cinco detenidos: tres hombres identificados solo por sus iniciales como J.A.A. (31), E.G.J. (29) y J.J.A. (32), y dos mujeres, D.D.A. (36) y M.A.A. (34). Están acusados del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación en el hecho de tres o más personas. El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y el auxiliar fiscal de la UFESE, Pedro Rebollo, solicitaron recientemente al juez federal Fernando Poviña que dicte el procesamiento con prisión preventiva de los cinco imputados.
La investigación del secuestro comenzó el 21 de marzo último, luego de que el padre de la víctima cruzase la frontera y denunciase el hecho ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina. R. había dejado la casa que compartía con sus padres en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, para viajar hacia Tucumán cinco días antes, el 16 de marzo. Supuestamente, iba a realizar trabajos en una obra en construcción.
Lo concreto es que sus familiares no supieron nada de él hasta dos días más tarde, el 18 de marzo, cuando empezaron los llamados extorsivos. De acuerdo a la reconstrucción del caso, durante ese día, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante el servicio de mensajería WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja de la víctima y a su madre exigiéndoles 50 mil dólares a cambio de su liberación.
Seis personas fueron detenidas. A uno de ellos le dictaron la falta de mérito
Seis personas fueron detenidas. A uno de ellos le dictaron la falta de mérito
En ese marco, los captores incluso llegaron a enviarles “pruebas de vidas” a los familiares, que recibieron fotografías y videos en los que se veía a R. retenido, visiblemente lastimado y atado de pies y manos.
Las imágenes dejaban en evidencia que el hombre de 33 años estaba siendo ocultado en una vivienda en construcción y era torturado con un rebenque y con un taladro eléctrico: de hecho, una de ellas mostraba a la víctima vendada con uno de sus secuestradores apoyándole el taladro en la cabeza.
Los secuestradores le pidieron a la familia de la víctima que paguen el rescate a través de una famosa compañía de envíos internacionales. Les indicaron cómo hacer la transferencia a nombre de dos personas identificadas como G.E.D. y P.D.C. El pago nunca fue concretado, y la víctima aún no fue encontrada.
Luego de amplias tareas de campo y de análisis telefónicos, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización criminal. Así, el fiscal Chit ordenó ocho allanamientos en la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores, en los que fueron aprehendidos seis sospechosos, de los cuales hay cinco imputados. El restante es un hombre de 50 años para quien los fiscales solicitaron su falta de mérito, aunque seguirá sujeto a la investigación. La causa tiene, además, a otro sospechoso identificado con pedido de captura que aún permanecía prófugo.
En el caso de la detención de M.A.A., en ese momento ella tenía consigo cinco cápsulas con clorhidrato de cocaína por un peso de 38 gramos. La mujer descartó el material al notar la presencia policial en la zona e intentó darse a la fuga, pero fue atrapada antes de que pudiera escaparse. Por eso, además del secuestro extorsivo agravado, se le imputa la tenencia simple de material estupefaciente.
La víctima está desaparecida desde hace 19 días
La víctima está desaparecida desde hace 19 días
Durante los procedimientos se hallaron pruebas contundentes: los equipos celulares a través de las cuales se realizaron las extorsiones; una camioneta Ford Ecosport en cuyo interior se advirtieron manchas de sangre y una campera, también ensangrentada; un látigo y un taladro idénticos al que usaron los secuestradores para amedrentar al ciudadano boliviano; la ropa de la víctima. Estos últimos elementos estaban en uno de los lugares de cautiverio de R..
“Los videos como prueba de vida donde le pegan con el látigo y el taladro son muy duros. No sabemos si se conocían, pero sí que hubo dos lugares de cautiverio donde estuvo repartido entre 3 y 4 días. Se sabe que en uno de los lugares filmaron uno de los videos y que en el otro hallaron el taladro y ropa con sangre”, destacaron las fuentes consultadas.
Según la investigación, varios de los acusados pertenecen a un mismo grupo familiar y tienen también un vínculo directo con uno de los titulares de las cuentas donde se exigió a los familiares de R. depositar el pago del rescate.
Para el fiscal, cada uno de ellos “actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima. Cada integrante del plan criminal dominó el curso del hecho a voluntad, conociendo el grave contenido de injusto del mismo, y a pesar de ello ninguno ha desistido de su accionar; todo lo contrario, la ha llevado a cabo en forma coordinada”.
Según el portal Fiscales, en este contexto, la fiscalía y UFESE coincidieron en que, “dadas las características de las maniobras investigadas y la pluralidad de personas involucradas, entre las cuales se encuentran personas aún no identificadas y/o prófugas, es posible presumir que la libertad de los acusados podría hacer peligrar el éxito de la investigación”.