Más ruido interno en la nueva CGT, ahora por la marcha antiCorte del 1-F

Mientras el moyanismo presiona por una participación institucional, otros sectores evitarán tensar el vínculo que tienen con jueces y fiscales.

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La movilización impulsada por el kirchnerismo para el 1 de febrero en protesta por el funcionamiento del Poder Judicial planteó un nuevo escenario de conflicto interno en la CGT. Mientras el sector alineado con Hugo Moyano ya se pronunció a favor de asistir a la marcha y le reclamó a la central obrera una adhesión institucional contundente y otros grupos deliberan qué postura adoptar, la cercanía de algunos dirigentes a la Justicia federal preanuncia más rispideces como las evidenciadas desde la reunificación de noviembre pasado. Hasta ahora la decisión de la “mesa chica” es dejar “libertad de acción” a la dirigencia para evitar más interferencias.

El primer paso lo dio el mecánico Mario Manrique (Smata) cuando afirmó que la CGT “debería acompañar” la protesta aunque admitió que la discusión interna se encontraba en un estadio incipiente. De todos modos este diario pudo saber que el planteo ya circuló en los grupos de chat de la central sindical con recepción dispar. La convocatoria fue lanzada por espacios afines al kirchnerismo a partir de la difusión del video en el que Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, programaba el hostigamiento judicial de un gremialista junto a empresarios de la construcción y directivos de la AFI. Hasta ahora recibió el beneplácito de funcionarios y dirigentes del oficialismo.

El primer factor de discordia en la central obrera es que la movilización cuenta con el auspicio del Sitraju, un gremio de trabajadores judiciales protegido por Cristina de Kirchner y rival de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), de Julio Piumato, que ocupa desde hace años un cargo en el Consejo Directivo de la CGT. Lejos de ser un crítico de la familia judicial, Piumato es un animador insoslayable dentro de ese poder y fue de hecho el único orador en la denominada Marcha de los Paraguas, de febrero de 2015, un acto organizado por fiscales del fuero Federal al cumplirse un mes de la muerte de Alberto Nisman.

El secretario general de UEJN es además un negociador permanente con la estructura de la Corte Suprema, la principal institución apuntada por los organizadores de la marcha del 1 de febrero. Con los cortesanos el dirigente debe negociar de manera periódica los ajustes presupuestarios para aumentar los sueldos del personal judicial, una tarea que el máximo tribunal no suele demorar.

Pero más allá del ruido entre la UEJN y Sitraju dentro del Consejo Directivo conviven dirigentes de gremios reconocidos con contacto frecuente con magistrados y fiscales, en particular los del fuero Federal asentado en el edificio de Comodoro Py. Jueces como María Servini, Ariel Lijo y Luis Rodríguez son habitués de los asados sindicales y tienen relación con dirigentes de todos los sectores internos. Incluso en la Corte la presencia del peronista Juan Carlos Maqueda es una suerte de alivio para los gremialistas más veteranos por entender que cuentan todavía con un interlocutor en el máximo tribunal.

En Azopardo 802 y en el Palacio de Tribunales arriesgan que la participación en la marcha del 1-F de sindicatos, pese a ser los perjudicados principales en las maniobras de la anhelada “Gestapo” de Mauricio Macri, será en el mejor de los casos puntual, a cargo de los dirigentes que declararon haber sido perseguidos por la Mesa Judicial de Cambiemos. Y alegan que pesará en las previsibles ausencias la existencia de causas judiciales en trámite que inquietan a los jefes de los sindicatos más grandes. Parece desaconsejable en este razonamiento marchar contra jueces que eventualmente deberán fallar respecto del patrimonio de las organizaciones gremiales y hasta sobre la libertad de sus líderes.

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