La Cámara Federal de Casación Penal decidirá en los próximos días si confirma o no los montos recalculados de las condenas a los responsables de la represión desatada en la Ciudad de Buenos Aires durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en lo que marcaría el final de la presidencia y de la carrera política del entonces mandatario Fernando de la Rúa.
A poco de cumplirse el 20 aniversario de la represión que dejó muertos y heridos en las calles de Capital Federal, el máximo tribunal penal del país tendría lista su resolución para el martes próximo, según pudo constatar Télam con fuentes judiciales que trabajan en la causa.
La sala primera del tribunal de Casación tiene que resolver si confirma las condenas al exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, acusados de haber sido quienes dieron las órdenes que desataron el brutal accionar policial.
Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma trabajan por estas horas en los detalles del fallo que debatirán el lunes y, de no mediar ningún contratiempo, darán a conocer en la mañana del día siguiente, según informaron las fuentes consultadas.
Sin embargo, las familias de las víctimas y sus representantes legales esperan con cierta desconfianza el nuevo pronunciamiento de la Casación dado que atribuyen a ese tribunal las últimas demoras en una causa que ya lleva mucho más tiempo del que hubieran deseado como para poder experimentar, pese al dolor, cierta sensación de justicia.
Los montos de las penas que están bajo revisión de la Casación son las de Mathov (cuatro años y tres meses), Santos (tres años y seis meses) y la de Norberto Gaudiero, comisario a cargo de las operaciones de la Policía Federal, quien fuera condenado a tres años de prisión en suspenso.
Los tres están acusados por el homicidio y las lesiones culposas de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y una veintena de lesiones culposas.
También están bajo revisión los montos de las penas de los condenados Carlos José López, un ex subcomisario acusado por el homicidio de Alberto Márquez y las heridas de Paula Simonetti y Martín Galli, y al policía Víctor Manuel Belloni, acusado por abuso de armas.
En total fueron nueve los condenados en el juicio en el que se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.
El juicio oral y público por la represión ocurrida en la Ciudad durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001 (fundamentalmente el 20) comenzó en febrero de 2014 y terminó en mayo de 2016 con las condenas que, en algunos casos, aún están en revisión por la decisión posterior de la Casación que dispuso que debían refundarse o recalcularse.
En 2020, la Cámara Federal de Casación penal confirmó las condenas, la materialidad de los hechos denunciado, pero ordenó revisar el monto de las penas, motivo por el cual el pasado 4 de noviembre se celebró la audiencia a partir de la cual ahora deben resolver los magistrados que integran la sala primera de ese tribunal.
Un episodio judicial que generó mucho malestar entre los familiares de las víctimas se produjo cuando, luego de ordenar una revisión de los montos de algunas penas, la Casación le habilitó a los imputados la vía extraordinaria para llegar a la Corte Suprema de Justicia con un recurso con el que se pretendía impugnar las condenas.
Fue el máximo tribunal de la Nación el que devolvió «de bolea» esos recursos por estar mal concedidos y la que, en rigor, evitó una nueva dilación, según destacaron abogados que conocen el expediente.
«Se trata de idas y vueltas, trámites y audiencias, que se suman hasta llegar a estos 20 años de la represión sin una respuesta judicial plena y con un inmenso desgaste para les familiares, organizaciones y amigues que sostuvieron el proceso durante todo este tiempo», sostuvo el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) en un comunicado que emitió un mes atrás.
«Toda la investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos. De esta manera, no pudo dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis», habían señalado desde ese organismo.