Osvaldo Jaldo refrendó una docena de proyectos de ley. Entre los temas más importantes:
En materia económica, se impulsará la prórroga de siete leyes cuya vigencia expira el 31 de diciembre.
• El pago del 20% de los haberes estatales con vales alimentarios. En realidad, se abonó ese porcentaje del sueldo con tickets entre 2000 y 2008. A partir de ese año, los empleados públicos volvieron a percibir la totalidad de sus haberes en moneda de curso legal, pero se mantiene el pago en concepto de “aporte no remunerativo” y, como contraprestación, la jornada laboral de la administración pública sigue reducida en una hora.
• Se extiende por un año la Emergencia Económica, que declara inembargables los fondos del Estado. Es decir, quienes tengan sentencias que ejecutar contra el erario no pueden trabar embargo de los recursos públicos, sino que deben inscribirse en un registro en la Fiscalía de Estado, que va liquidando esas obligaciones.
• Se prorroga la suspensión del Fondo de Desarrollo del Interior. El FDI se repartió entre las 93 delegaciones rurales, hasta 2000, mediante una serie de porcentajes fijos. Desde 2001 es “distribuido por la Secretaría de Estado de Hacienda entre las comunas, conforme a las necesidades que surjan de comparar las planillas salariales líquidas más pensiones alimenticias y la Coparticipación que le corresponde a cada una de ellas”.
• Hasta el 31 de diciembre de 2022 también mantendrá vigente la autorización al Poder Ejecutivo para firmar convenios de préstamos con las Municipalidades. Esa facultad que la Legislatura le da a la Casa de Gobierno es la que permite, cada enero, la firma del “Pacto Social” por el cual la Provincia se hace cargo de los sueldos municipales a cambio de retener la coparticipación de impuestos que le corresponde a las administraciones que suscriben el acuerdo. También permite que la Provincia financie obras públicas en los municipios. Para ello, se establece que la Caja Popular de Ahorros es el agente fiduciario y se la autoriza a prorrogar los convenios de fideicomisos con las intendencias.
• Se prorroga la vigencia de la Emergencia Hídrica Social. Mediante esta norma se autoriza al Poder Ejecutivo a asistir con fondos públicos a jurisdicciones y a personas afectadas por catástrofes climáticas. Se suspenden las ejecuciones fiscales contra damnificados. Y se establece que la SAT no puede cortar ni restringir el suministro de agua potable a las víctimas de temporales.
Continúa la SAT, en tanto empresa (es una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), exceptuada de la prohibición de recibir aportes del Estado. Por tanto, se faculta al Gobierno a otorgarle Aportes Financieros No Reintegrables para financiar obras de infraestructura y para adquirir maquinaria.
• Se faculta al Poder Ejecutivo, por un año más, a suscribir los “Convenios de Financiamiento entre la Provincia y el Estado nacional” en el marco de los programas de ordenamiento fiscales. Es decir, se refiere a las eventuales negociaciones del Gobierno tucumano con el federal respecto de la deuda pública. La autorización incluye, precisamente, la afectación de coparticipación para el pago de intereses y de amortizaciones del financiamiento que pudiera obtener de la Casa Rosada.
El resto de la agenda
Con independencia de estas iniciativas surgidas del Ministerio de Economía, Jaldo suscribió otros cuatro proyectos de ley impulsados por otras áreas.
• La prórroga del Estado de Emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte. Es decir, del sistema de transporte de energía por distribución troncal.
• Se faculta al Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (Ipaat) a establecer un régimen de facilidades de pago para las deudas vencidas al 30 de junio pasado en materia de tasas y multas. Según el Gobierno, esta moratoria beneficiará especialmente a los cañeros.
• La provincia adherirá a la Ley Nacional 27.231 de “Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola”. La autoridad de aplicación será la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y de Suelos.
• Se restablecerá la vigencia de la Ley 9.086, dictada en 2018 y cuya operatividad ya venció, para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble del departamento Graneros, para afectarlo a la construcción de viviendas sociales.
La décimo segunda norma, visada ayer por Jaldo, será firmada el lunes. “Es el proyecto de ley para tornar operativo el plan de reparación de escuelas que anunciamos. Se invertirá unos $ 2.000 millones, entre fondos provinciales y nacionales, para arreglar los establecimientos hasta marzo.
Fuente: La Gaceta