Canadá obstaculiza una opción para producir y exportar vacunas a Bolivia y el Sur Global

"El Gobierno canadiense continúa priorizando su relación con las grandes farmacéuticas en lugar de cumplir con sus obligaciones como país comprometido con los derechos humanos", le reclaman al gobierno canadiense desde la propia oposición.

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El Gobierno de Canadá obstaculiza desde hace siete meses el otorgamiento de una licencia obligatoria para producir en un laboratorio local la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson y exportarla a Bolivia, una decisión que las fuentes consultadas por Télam coinciden que prioriza su relación con las grandes farmacéuticas en vez de cumplir sus obligaciones en derechos humanos, ya que impide que otros países del Sur Global consigan fármacos por la misma vía.

El 3 de marzo pasado la empresa Biolyse Pharma con sede en la provincia canadiense de Ontario solicitó a Johnson & Johnson la licencia voluntaria para fabricar su inmunizante monodosis, lo que fue rechazado. Entonces, semanas después, volvió a la carga y le pidió la licencia obligatoria bajo el Régimen de Acceso a los Medicamentos de Canadá (CAMR, por sus siglas en inglés), el marco legal que regula el acuerdo mundial sobre propiedad intelectual.

Esa normativa internacional contempla flexibilidades para que, en casos especiales, otros fabriquen productos patentados a cambio de un canon para quien posee el derecho, una excepción que nació como un reclamo impulsado por las naciones africanas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) ante los altos costos en la importación de medicamentos contra el VIH.

En el caso concreto de Canadá, el primer paso para este proceso es agregar la vacuna de Johnson & Johnson al Anexo 1, una lista de productos farmacéuticos patentados que son elegibles para la exportación bajo el CAMR, y es acá donde el trámite está frenado ya que las autoridades canadienses no solo no avanzan en añadirla sino que imponen nuevas barreras.

Poco sirvió hasta ahora que en mayo el Gobierno de Bolivia haya firmado un contrato con Biolyse para fabricar e importar 15 millones de dosis, sujeto a obtener la licencia obligatoria, y que se haya presentado toda la documentación que prueba que el país sudamericano no tiene capacidad local para producir el fármaco necesario para luchar contra la pandemia.

«Con una simple decisión, el Gobierno canadiense puede salvar vidas. Este es el mensaje que quiero llevar al recién reelegido primer ministro Justin Trudeau», escribió la semana pasada el viceministro boliviano de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en un editorial publicada por la cadena internacional Al Jazeera.

Las voces que denuncian esta inacción también surgen dentro de Canadá.

«El Gobierno canadiense continúa priorizando su relación con las grandes farmacéuticas en lugar de cumplir con sus obligaciones como país comprometido con los derechos humanos», apuntó en declaraciones a esta agencia la parlamentaria Niki Ashton del Nuevo Partido Democrático.

«Si realmente buscáramos contribuir a mejorar la vida de las personas en todo el mundo, especialmente en las Américas, seríamos proactivos y permitiríamos que este acuerdo entre Bolivia y Biolyse siga adelante», añadió.

«Las vacunas contra la Covid-19 son la representación perfecta del tipo de medicamentos que deberían ser elegibles para exportación bajo nuestro CARM. Me cuesta imaginar un producto que pertenezca más perfectamente al Anexo 1», explicó en el mismo sentido una fuente que participó en el desarrollo de esta normativa y que decidió no dar su nombre por su vínculo actual con el Gobierno de Canadá.

Esta misma fuente apuntó contra la mirada «corta» de las autoridades que creen que si permiten la producción de vacunas genéricas «van a desatar la ira» de las farmacéuticas proveedoras de los inmunizantes contra la Covid-19 y de gran parte de su electorado que puede pensar que está anteponiendo la salud de las personas en otros países antes que la situación fronteras adentro.

Por su parte, el exministro de Salud y exparlamentario Allan Rock, que participó en las primeras etapas del debate sobre el CARM, dijo que «probablemente» la pandemia sea un contexto para activarlo, pero señaló que «no vale la pena seguir ese camino» ante las «barreras» del proceso.

Fue una legislación que no cumplió con los objetivos originales, sino que creó una serie de barreras para aprobar versiones de medicamentos genéricos exportables a otros países», señaló a Télam y agregó: «Refleja los diversos intereses de las empresas que presionaron al Gobierno durante el transcurso de la adopción de la normativa».

Los hechos avalan sus dichos: el Anexo 1 solamente fue enmendado en tres oportunidades para añadir medicamentos y el único antecedente de exportación ocurrió en 2007, cuando el laboratorio Apotex la utilizó para fabricar antirretrovirales contra el HIV para Ruanda, en África.

Es cierto que se trata de un «proceso engorroso», lleno de burocracia y de limitaciones para otorgar la licencia obligatoria para un solo producto, un único país al que se autoriza a vender y por un tiempo determinado, admitió la fuente que participó de su implementación y decidió permanecer anónima.

Sin embargo, aclaró que el Gobierno debería actuar «de manera proactiva», añadir las vacunas contra el coronavirus al Anexo 1 e incentivar así a que Biolyse y otros laboratorios puedan avanzar en elaborar los inoculantes para colaborar en la lucha global contra la pandemia.

Esto podría conducir a otros acuerdos potenciales y aun así Canadá se niega a que esto siga adelante, lo que es una clara señal del poder que tienen las grandes farmacéuticas», manifestó la parlamentaria Ashton.

Y concluyó: «Incluso esto atenta contra el propio bienestar ya que acuerdos como el firmado con Bolivia generarían empleos para las empresas canadienses».

El interés para Canadá también reside en otra cuestión fundamental, coincidieron los entrevistados: mientras no se avance con la inmunización en todo el mundo crece el peligro de la aparición de nuevas variantes más contagiosas y resistentes a las actuales vacunas.