La decisión de la Unidad de Decisión Temprana (UFDT), a cargo del Fiscal Marcelo Leguizamón, de citar a declarar, en sede judicial, para este lunes a los concejales de Banda del Río Salí ha causado la reacción del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que consideró que el fiscal «incurrió en un gravísimo exceso de atribuciones».
La causa fue caratulada como «autores desconocidos sobre violación de medidas contra epidemias (artículo 205)». El viernes, el Ministerio Público Fiscal solicitó al intendente interino, Ramón Antonio Radin, que se informe sobre el decreto municipal 362/2021 del 26 de este mes.
El presidente de la Legislatura recordó que la Constitución de la provincia consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios.
En este sentido el vicegobernador Osvaldo Jaldo, «el fiscal actuó como en la época del proceso, de un gobierno de facto, atropellando a las instituciones de la democracia, y a quienes fueron elegidos por la voluntad popular y no fueron puestos a dedo ni sugeridos por padrino alguno».
El iintendente Dario Monteros indicó que evalúa con constitucionalistas si cabe la posibilidad de que el fiscal actuante pueda ser sometido a un proceso de juicio político por sus actuaciones.
«Que un fiscal intime a ediles por apoyar una resolución municipal sin haber firmado ningún instrumento legal, es un condicionamiento», escribió Dario Monteros en su cuenta en Twitter.