Si hay algo fundamental en el sistema republicano de gobierno, es la separación e independencia de los poderes del Estado. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial, debe ser acatado y no admite críticas ni reproches por parte de los otros poderes. Claro está que, en la actual democracia renga que impera en nuestro país, desde el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Alberto Fernández, como desde el Poder Legislativo, encarnado en la Vicepresidenta, titular del Senado, se han alzado críticas muy duras contra un fallo, ajustado completamente a derecho y que acata disposiciones explícitas de la Constitución Nacional, que no admiten interpretaciones en contrario.
Acompañaron las críticas al fallo, un lamentable coro de voces kirchneristas, incluyendo funcionarios, legisladores, militantes y algunos periodistas de la facción.
Una de las frases del presidente “dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos”, dichas en un acto realizado el día martes, tuvo repercusiones en el exterior, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó en su cuente en Twitter “Me preocupa la reacción del Pdte.Alberto Fernandez, ante la decisión de la Suprema Corte argentina…No corresponde que un presidente denigre una sentencia judicial e insinúe que no la va a acatar (aunque diga que reivindica el Estado de derecho)» señaló Vivanco.
En cualquier país del mundo donde se respete el sistema republicano de gobierno, jamás se podría leer o escuchar descalificaciones de tal calibre al Supremo Tribunal de la nación, como las que se han expresado estos días luego de conocerse el fallo.
Alberto que se jacta de ser docente de derecho en la UBA, no solo debería callarse, sino, prohibir a sus funcionarios que descalifiquen el fallo. El otro Fernández, el que estaba disgustado con Cristina, decía en 2013 que la entonces presidenta, tenía que entender que la Corte era “un contrapoder”, afirmando: “Basta de sofismas”.
La actual Cristina, Vice Presidenta, que en su infinita soberbia, se considera más allá del bien y del mal y por supuesto también de la Constitución y las leyes, afirma en relación al fallo de la Corte, que “los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. Dando a entender que el fallo es un golpe de Estado.
Tiene razón en cuanto a que los militares y otros sectores de antaño, ya no están para golpes. Pero con sus palabras y acciones, es ella la que se está mostrando golpista. Un golpe contra las instituciones y contra el mismo Alberto que ella logró sentar en el sillón de Rivadavia.
De “presidente” a Alberto solo le queda el título. Ejecuta sin objeción las políticas que le ordena su jefa. Como se ha visto días pasados, no puede desprenderse de un simple subsecretario, porque Cristina y la Cámpora se lo impiden. Y en este fallido asunto deja descolocado a su ministro de economía, Martin Guzmán.
De igual forma, por presiones de los paladares negros del cristinismo, se vio obligado a desprenderse de la Ministro de Justicia Marcela Lozardo, su amiga y colaboradora de toda una vida. Y reemplazarla por alguien que no es de su confianza. También fue obligado a despedir a su Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, una funcionaria correcta. Sin duda que la golpista es Cristina; está erosionando firmemente las bases de sustentación del Presidente, que ha caído estrepitosamente en su imagen pública. Según las encuestas, un año atrás obtenía el récord de más de un 80 % de aprobación, hoy solo tiene el 24 % y continúa en caída libre.
Y si se midieran los niveles de institucionalidad del país, sin duda que estaríamos en peligrosos niveles de aplazo.