La inseguridad golpea fuertemente a los tucumanos, sin que se vislumbre una disminución sensible de los actos criminales, ni decisión firme del gobierno provincial de atender el asunto.
En las tres etapas con relación al delito, se advierten grandes fallas. Antes de la comisión del delito, o sea en la etapa de la prevención, no se advierten políticas claras, ni en la prevención directa a cargo de la policía, ni en la indirecta a cargo de los distintos estamentos del Estado. La segunda etapa, la judicial, ya cometido el delito, tampoco funciona bien, jueces que entienden mal el garantismo y muchos otros que son dominados por la desidia. Excesiva lentitud en las condenas y abundancias de salidas de reos peligrosos.
De resocialización, mejor ni hablar; muchos detenidos en comisarías y lugares inadecuados, y penales superpoblados que no cumplen con el mandato constitucional de que las cárceles “deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. En Tucumán, las cárceles son inhabitables, infrahumanas y violatorias de elementales derechos humanos. Esto lo verificó la justicia y la Procuración Penitenciaria de la Nación y nada se hace para resolver este problema que consideramos prioritario para resolver la creciente inseguridad.
La situación carcelaria en nuestra provincia generó un fuerte llamado de atención de la Procuración Penitenciaria de la Nación a través de la Recomendación 866 y un hábeas corpus iniciado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni en 2015, aceptado por la Suprema Corte.
El Ejecutivo solicitó al Supremo Tribunal, en 2018, la extinción del habeas corpus, sosteniendo que este llevaba ya tres años y tenía cinco sentencias. Aclaraba que cumplió con todas las órdenes judiciales y las obras requeridas, informes y audiencias. Además, expresaba que mantener el proceso, es generar una auditoría permanente de los jueces sobre los funcionarios, lo que excede la facultad de la Justicia.
No obstante esta presentación, el mismo Ejecutivo confirmó a la Corte que subsisten el hacinamiento y deficiencias “alarmantes” en las dependencias policiales. En uno de los informes dirigidos al alto tribunal, Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, afirmó que hasta 25 presos usaban la misma letrina. Y añadió que había 607 ciudadanos privados de libertad en instalaciones policiales preparadas para recibir a 296. “Esto implica que la ocupación llega al 205%”, cuantificó.
En esta misma columna decíamos el 19 de febrero de 2019: “Sin duda, que el problema carcelario que se verifica en nuestra provincia, es una de las causas principales del extraordinario aumento de la criminalidad. Amén de que un principio elemental de humanidad exige resolver la cruel situación de los presos. No es cuestión de partidismo ni de echarse culpas, es simplemente de sensibilidad y compasión. En lugar de un conflicto institucional o crisis de poderes, la provincia debe abocarse a construir con extrema urgencia, nuevos establecimientos carcelarios, de alta, mediana y baja seguridad, para alojar a los delincuentes, según sea el tipo de delito cometido y la peligrosidad del delincuente. Invocar falta de recursos, es inaceptable, cuando los tucumanos vemos cómo se dilapidan los fondos públicos inadecuadamente”
A pesar de nuestras prédicas y las de otros medios, incluidas excelentes notas en el diario La Gaceta, de la periodista Irene Benito, el problema no es encarado con la decisión y urgencia que amerita.