Durante la última visita del presidente Alberto Fernández a Tucumán, el 9 de febrero de este año, todas las expectativas estuvieron puestas en el posible anuncio de prórroga de la ley de biocombustibles, que vence el próximo 12 de mayo. El presidente regresó a Buenos Aires, sin anunciar ni asegurar nada. Sin embargo, dejó satisfecho a los empresarios, tanto que el Presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rochia Ferro, calificó como «extraordinario» el encuentro y resaltó el compromiso asumido por Alberto. «Cuando el presidente te dice “no te preocupes”, me tengo que quedar tranquilo», afirmó en aquella oportunidad. «Nos dio la tranquilidad de que los biocombustibles no se van a discontinuar, ya sea con una prórroga de la ley o con una nueva» también señaló Rochia. Notable crédito el que le otorgaba el empresario a la palabra de Alberto, hoy totalmente devaluada por sus constantes idas y vueltas y frecuentes contradicciones.
Ayer el diputado Máximo Kirchner acompañado por otros 15 diputados, entre ellos el tucumano Domingo Amaya de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para reemplazar la actual ley de biocombustibles, y generar un nuevo marco regulatorio para la actividad. Las cámaras del sector, los legisladores de la oposición y los oficialistas que representan a provincias productoras de biocombustibles están analizando el proyecto.
Lo que sí están convencidos, es que aumenta la discrecionalidad para las decisiones de Energía y que deja de ser un “fomento” al sector. Si se aprueba la ley, regirá hasta el 31 de diciembre de 2030
En líneas generales, el proyecto establece que para el gasoil el corte mínimo de biodiésel debe ser del cinco por ciento (hoy es el 10%), aunque la Secretaría de Energía de la Nación podrá elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3%. En el caso de las naftas, indica que deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% que es el porcentaje actual. También establece que sólo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o mezclarlos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas habilitadas: Las productoras o destiladoras de hidrocarburos no pueden ser titulares ni tener participación fabricantes de biocombustibles. Las que produzcan biodiésel para el mercado interno no podrán exportar.
La Secretaría de Energía asignará las cantidades para el corte a abastecer por las productoras, con un límite de 50.000 toneladas anuales “en el caso de las empresas con escala superior”. Si alguna no pudiera cumplir y estuviera en riesgo el abastecimiento para el corte, otra podría suplir una parte. Hasta que no se agote el uso de la capacidad instalada, no pueden sumarse otras empresas.
La misma secretaría fijará los volúmenes de bioetanol de caña de azúcar equivalentes al seis por ciento de la mezcla mínima obligatoria.
Las críticas se suman desde las provincias productoras de bioetanol de maíz. Desde “Biomaíz”, entidad que agrupa a productoras, su director ejecutivo Patrik Adam calificó al proyecto de “improvisado, mal pensado, anti Córdoba y anti Santa Fe”. Dijo al diario La Nación, que “destruye empresas; va en contra de todos los acuerdos climáticos que firmó la Argentina y tiene asimetrías en el trato del maíz y de la caña de azúcar”. A su criterio, “avasalla autonomías provinciales y frena proyectos regionales”.
Fuente: Diario La Nación