El Gobierno finalmente avanzó en el dilatado descongelamiento de alquileres, que empezó a regir la semana pasada. Se dispuso también el regreso de las comisiones bancarias para la operación con cajeros automáticos, amén de tres aumentos consecutivos de la nafta hasta 18%, en principio escalonados hasta mayo.
Pero ya con la multiplicación acelerada de casos, que obligó a nuevas restricciones, por el momento acotadas a sectores críticos pero que todavía impone en el Gobierno el análisis de medidas más fuertes, se definieron en las últimas horas nuevos aumentos que, en rigor, son ajustes demorados del año pasado. El primero en anunciarse fue la suba en las cuotas de las prepagas, de 4,5% para abril y 5,5% para mayo.
Estos incrementos completan el 3% que se autorizó en marzo, a pesar del 10% que reclamaban las empresas de medicinas prepaga. Esta suba en las cuotas llega tras el cierre el jueves de la semana pasada de las paritarias del sector de Sanidad, que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de la recomposición salarial de 2020, por la que finalmente acordaron un aumento de entre 15% y 16%.
El aumento del gas implicaría un menor impacto inmediato en el índice de inflación, ya recalentado por las subas en los precios de los alimentos, y se alinea con la pretensión oficial de lograr que los salarios y jubilaciones al menos le empaten al avance de los precios
El titular del Enargas, Federico Bernal, ratificó ayer que a principios de mayo se iniciará el descongelamiento tarifario que lleva casi dos años, por el cual las boletas de gas subirán 6% para los usuarios residenciales y 4% para las pequeñas y medianas empresas. “La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica”, afirmó Bernal. Aunque, moderada, la suba es bien recibida entre las empresas donde la semana pasada empezaron a temer una nueva postergación de la actualización, en virtud del nuevo contexto sanitario. Pero ese postergamiento, todo indica, no ocurrirá.
De todos modos, el aumento previsto está lejos del reclamo del sector -de 30% mínimo- e implicaría un menor impacto inmediato en el índice de inflación, ya recalentado por las subas en los precios de los alimentos, y se alinea con la pretensión oficial de lograr que los salarios y jubilaciones al menos le empaten al avance de los precios. Es la consigna que, públicamente, expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, jefa política de Bernal. Como contrapartida, obligará a incrementar el gasto público en subsidios, para el que difícilmente se encuentre un financiamiento alternativo a una emisión monetaria adicional que el ministro Guzmán quiere evitar.