Tengo el agrado de enviarle «Reflexiones sobre la Actualidad» de Rafael Bulacio
jueves, 18 de febrero de 2021La libertad de prensa amenazada en Tucumán
La libertad de prensa es uno de los pilares donde se asienta la democracia republicana. No existe democracia en el mundo sin libertad de prensa. Es un derecho de los ciudadanos que está determinado claramente en nuestra Constitución Nacional, la que, en su artículo 14 señala taxativamente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Este artículo recoge los antecedentes de la Constitución de 1819, llamada Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, que establece la libertad de prensa en su artículo 111, y el de la Constitución de 1826 que es su artículo 161 lo reconoce también. Nuestra Carta Magna, también reconoce la libertad de prensa en otros artículos, en el 32, que dice «El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal». Con la reforma de 1994 se agregó en el artículo 43 «No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística».
Históricamente fue Suecia, en 1776, el primer país que le otorgó rango constitucional, con la Ley de Libertad de Prensa. En 1791 EEUU estableció este derecho en su primera enmienda. Y en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Otros pactos y convenciones que se han incorporado a nuestra Constitución también preservan este derecho, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En los regímenes dictatoriales, despóticos o autocráticos, la libertad de prensa no existe, y esta es sin lugar a duda, la principal característica que define a estos regímenes antidemocráticos. Es que los gobernantes que no se ajustan a la Ley Suprema, ni a las leyes, temen a la prensa libre que descubre sus desvíos o sus actos ilícitos. Por ello resulta absolutamente inadmisible lo que está sucediendo actualmente en Tucumán en relación con la periodista del diario la Gaceta Irene Benito.
Tanto el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), advirtieron sobre la gravedad institucional de los ataques contra la periodista, acosada por denuncias penales y de pedidos de destitución de jueces que forman parte de “un intento de criminalizar la actividad” de la redactora.
Fopea, a través de un comunicado titulado “Libertad de Expresión”, y Adepa, a través de unos tuits, se refirieron al segundo pedido de juicio político formulado por el abogado Alfredo Falú contra el juez de Impugnación Penal Enrique Pedicone, a quien acusa de mala conducta y de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, y a quien le enrostra haber favorecido a la empresa Factor SA y a la familia de la periodista en una causa penal. Por su parte, Adepa señala que “en el marco de un pedido de juicio político a un magistrado en Tucumán, un abogado asesor del Poder Ejecutivo local afirmó que Irene Benito, periodista de @LaGacetaTucuman, se habría dedicado a promover la figura del funcionario a cambio de fallos favorables”. Agrega que “la acusación, que se suma a una denuncia penal oportunamente rechazada por Adepa, forma parte de un intento de criminalizar la actividad de una periodista que cubre graves hechos de corrupción político-judicial en su provincia”. Ayer el Jury de enjuiciamiento destituyó al juez Pedicone. [i]
En Tucumán, bien sabemos a quién creer y en quién desconfiar. Y los que hemos transitado gran parte de nuestro recorrido terrenal en la provincia, conocemos bien a nuestra gente. Irene Benito es una periodista de investigación de enorme prestigio y bien conocida por sus notas donde revela la corrupción local, el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios y los oscuros laberintos del poder judicial local condicionado severamente por los otros dos poderes.
Su familia, a la que pretenden involucrar en el acoso a la que someten a la periodista, es identificada como una familia de trabajo y de elevada moral. Sus progenitores, ambos profesores universitarios y con lícitas actividades empresariales, de manera alguna pueden ser vinculados a hechos de corrupción y mucho menos que sean acreedores a fallos favorables en función del trabajo periodístico de Irene. El medio en el que publica sus notas, La Gaceta, uno de los diarios más importantes del país, jamás permitiría que sea usada para presionar sobre la justicia para favorecer un fallo.
El “quien es quien” está en juego en este asunto. Y los tucumanos, reitero, tenemos clara conciencia y conocimiento a quien creer y a quién no.