Un gran papelón para Argentina, fue la actuación de nuestro embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, al salir en defensa del régimen dictatorial de Venezuela y descalificar el sólido informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, sobre las continuas y masivas violaciones a los DDHH que se cometen en ese país.
Raimundi expuso ante el Consejo Permanente de la OEA que «Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo, por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países». Argumentó que la Argentina «no hace una lectura ideológica de los derechos humanos». Y agregó: «Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica». Confundió sus propias ideas con las del país, actuando en representación de él.
Las declaraciones de Raimundi provocaron un gran revuelo político, tanto dentro del país como en el exterior. En el gobierno, trascendió el enojo del presidente y del Canciller. Se dice que Raimundi se tomó atribuciones que no le correspondían y se rumorea que no sería extraño que se llame al embajador a Buenos Aires, amonestándole por su accionar inconsulto que puso en la lupa al país.
El subsecretario Adjunto de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de la Unión, dijo a su vez, que el discurso de Raimundi había sido «triste».
Hay una evidente incoherencia en la posición expresada por Raimundi con la del embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas quien, hace un par de meses, había endurecido la postura oficial, al expresar su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y por «la grave crisis política, económica y humanitaria» que transita Venezuela.
Es que el informe de la Misión de Verificación de Hechos, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elevó aún más la alerta por el accionar del régimen chavista ante la disidencia y afirmó que hubo más de 2000 muertes desde enero de este año en operativos de seguridad, de los cuales 711 ocurrieron solo desde agosto, el nuevo relevamiento confirmó lo señalado por el lapidario informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Consigna ejecuciones extrasumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Si Raimundi actuó por motu proprio, sin consultar con sus superiores, con el Canciller o con el mismo presidente, corresponde que Alberto lo retire de inmediato del cargo. Es inadmisible que un embajador actúe al margen de sus instrucciones.
Pero…parece ser que Raimundi es un hombre de Cristina.
El episodio es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando tenemos un gobierno contra natura, donde la Vice ordena y el Primer Mandatario obedece.