El radical Luis Pastori dijo que con esta ley «se resuelve que durante 90 días se renegocien los contratos entre Nación y provincias, donde el monto del acuerdo sea la suma de las amortizaciones del capital y los intereses devengados, proporcionales, a la fecha de refinanciamiento de cada amortización, correspondiente a los años 2020 y 2021, es decir que comprende los préstamos de 2016 y 2017».
En tanto, el diputado de izquierda Nicolás del Caño explicó los motivos por el cual presentó un dictamen de minoría y volvió a insistir en la necesidad de que la Anses sea «administrada por los trabajadores y los jubilados y pensionados que son sus verdaderos dueños».
El presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que «los préstamos de Anses no pueden tener capitalización de intereses, ni habilitar la vía ejecutiva, ni permitir las notificaciones por medio de internet. Lo hemos dicho en reiteradas veces, menos del 50% de los adultos mayores tienen acceso a internet».
El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
Las sesiones mixtas continuarán por 30 días hábiles.
Las sesiones mixtas continuarán por 30 días hábiles.
Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Además se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.
Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020.
También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Por otro lado se crea el Fondo Fiduciario Público » Programa de Inversiones Estratégicas» que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.