Tucumán vive de escándalos en escándalos. Sin servicio de transporte desde hace ya más de una semana de manera ininterrumpida y en lo que va del año, sin servicio por más de 40 días, sin que las autoridades, tanto provinciales como municipales, lo resuelvan.
La situación de inseguridad en la ciudad como en las zonas rurales se ha agravado, no obstante, ser muy penosa desde hace tiempo. El miedo se ha instalado en la sociedad, y no es para menos, todos conocemos por parientes y amigos sobre episodios deplorables que han sufrido, no solo de arrebatos o hurtos, sino de asaltos, robos a mano armada y hasta homicidios.
Ahora el escándalo ha estallado en la justicia. La denuncia del camarista Enrique Pedicone contra el juez de la Suprema Corte, Daniel Leiva, por tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público, ha impactado con dureza entre los hombres de derecho, en los sectores de la política comarcal, y en la opinión pública en general, con un impulso nunca experimentado en la historia de Tucumán. Es que los hechos denunciados, para los que el Dr. Pedicone dice tener suficientes pruebas, revisten una gravedad enorme. El asunto es de tal magnitud institucional, que los medios nacionales le han brindado calidad de titulares.
Volvemos al transporte, que es un servicio público esencial; esto bien lo saben los funcionarios responsables, nación, provincia, municipio, y que una mega metrópolis como es el San Miguel de Tucumán actual, no puede funcionar correctamente sin transporte público. Sin embargo, no se advierte gran preocupación por resolver el extenso conflicto, mientras, los sufridos y pacientes tucumanos, deben solucionar cada uno la forma de su traslado a través de medios alternativos. El municipio se escuda, en la provincia y ésta en la nación, escapándose del problema.
En cuanto a la seguridad, el problema es de larga data, faltan políticas activas de prevención del delito, las fuerzas policiales están mal preparadas, mal equipadas y se muestran insuficientes; el sistema carcelario está colapsado y no cumple con la premisa básica de resocializar al delincuente. Por el contrario, las cárceles alojan a los presos en condiciones infrahumana.
El conflicto en la justicia, se ha trasladado al plano político de la legislatura y del poder ejecutivo. Una legislatura que es la más cara del país, con un escandaloso gasto anual por legislador de 85,7 millones de pesos. Un gasto insólito, en una administración provincial que solo puede pagar los sueldos requiriendo ayuda de la Nación. Y más insólito aún, cuando lo comparamos con otras legislaturas. Sin ir más lejos, la de Santiago del Estero, nuestra provincia vecina, que solo gasta por legislador 3,8 millones de pesos. ¿Un legislador tucumano cuesta 22 veces y media más que un par santiagueño? ¿Valen en la misma proporción? ¡Qué manera de auto valorizarse!
El 18 de mayo de 2017, titulábamos nuestra nota editorial: “Tucumán, edén de los corruptos”. Decíamos en aquella oportunidad: “…la impunidad, como bien sabemos, es caldo de cultivo para la corrupción. Los ladrones de guante blanco que pululan en nuestro Estado, se sienten seguros al saber que el brazo de la justicia no los alcanzará, es demasiado corto. Y esto sucede tanto porque no existe una ley de Ética Pública, como otra que garantice el acceso a la información. Tampoco existe una Oficina Anticorrupción, ni una Comisión de Ética, tampoco una Fiscalía de Investigaciones Administrativas que fue eliminada por la Legislatura Provincial. Y más adelante señalábamos: La opinión pública está convencida, con legítima razón, de que los niveles de corrupción entre los políticos tucumanos, son muy altos. En muchos casos se puede observar a simple vista el crecimiento patrimonial de hombres que han estado siempre ocupando un cargo público”. Y en esa nota editorial nos referíamos a escandalosos hechos de corrupción, que continúan hoy sin esclarecer.
¿Cómo Tucumán no va a ser un escándalo?, si todo lo que vemos, escuchamos y oímos de nuestros funcionarios, legisladores y jueces, es escandaloso.