El gobierno nacional estableció esta semana que los cargos públicos deberán ser ocupados en una proporción «no inferior al uno por ciento» por personas travestis, transexuales y transgénero idóneas, una medida que de manera local ya habían implementado provincias y localidades del país y sobre la que colectivos trans opinaron en diálogo con las corresponsalías de Télam.
Es el caso de Neuquén, donde el cupo laboral del uno por ciento ya era una realidad gracias a una ordenanza municipal que lleva el nombre de Yanina Piquet, una de las primeras activistas trans de la provincia, que en 1990 lideró un sinnúmero de gestiones para mejorar las condiciones de vida para el colectivo.
Yanina murió en 2011 «sin ver cómo sus luchas transformaban la realidad, pero dejando en todo el colectivo LGBTTI+ su ejemplo de valentía y determinación», dice la ordenanza.
Georgina Colicheo, de 52 años, es mujer travesti, mapuche, se reconoce como trabajadora sexual y es militante social de Río Negro, donde fundó la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales (ATTS) que impulsó la Escuela Popular de Género, el Consultorio Inclusivo y el Club Social Deportivo y Disidente de Fiske Menuco y realizó el primer relevamiento de personas trans del Alto Valle.
«Nos persiguen, detienen o matan, queremos salir de una situación de precariedad», contó, mientras con la Universidad Nacional del Comahue, el Hospital Francisco López Lima y la Escuela Cooperativa Casa Verde ofrecen charlas, capacitaciones, acceso a la educación y realizan testeos de VIH en la vía pública.