Una buena noticia para los argentinos, agobiados por la pandemia, por la larga cuarentena y por un gobierno que desconoce las reales necesidades de la gente y lanza una reforma judicial muy cuestionada y que sin duda ahondará la grieta.
Nos referimos al acuerdo que se llegó con los principales grupos de acreedores de la deuda pública para canjear U$S 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero. Y en tal sentido extendió hasta el 24 de este mes de agosto, el plazo de adhesión para realizar el canje.
Las negociaciones, encabezadas por el ministro de economía, Martín Guzmán, se extendieron por varios meses, para muchos analistas, demasiado. El acuerdo fue confirmado en la madrugada de ayer, mediante un comunicado del Ministerio con detalles del arreglo entre el Gobierno y los tres principales grupos de acreedores: el Grupo Ad Hoc -integrado por BlackRock, Fidelity y Ashmore, u otros; el Grupo Exchange -Monarch-, y el Comité de Acreedores de la Argentina.
Con el respaldo de estos tenedores, el Gobierno tendría asegurado el sustento necesario para avanzar con la reestructuración de los bonos que operan bajo la legislación de Nueva York que como ya dijimos, suman un total de 66.300 millones de dólares.
De esta manera la situación de default en la que había caído nuestro país, quedó atrás. Es de esperar que el riesgo país disminuya y que los títulos argentinos incrementen su valor. Al mismo tiempo, también fue superado el temor de los empresarios locales de que Argentina, sumida en el default, quede al margen del sistema financiero mundial.
El arreglo de la deuda, de manera alguna puede considerarse el final del camino, sino el comienzo, para recuperar una economía que padece de enfermedades muy graves. En primer lugar y de manera imperiosa, el ministro Guzmán deberá arreglar con el FMI, que es el principal acreedor de Argentina. En 2021 hay vencimientos que necesariamente deberán ser prorrogados.
Es hora además de que el gobierno fije un plan o un programa económico. Esas declaraciones de Alberto Fernández al diario británico Financial Times de que “francamente” no cree en los planes económicos, es una simpleza que no merece comentarios. En un comienzo de las negociaciones, cuando todos reclamaban un plan, se afirmó que había uno, pero que no se lo daría a conocer hasta tanto no se arreglara la deuda. Ahora, después que Alberto rechazara la palabra “plan”, se habla de 60 medidas para reactivar la economía, 60, no 58, 59 o 61, justamente 60. Que exactitud maravillosa cuando todavía están diseñándolas. Estas medidas, deberán ser coherentes entre sí y el conjunto de medidas, sin dudas que es un plan. Pero el gobierno debe presentarlo cuanto antes para dar certezas y no generar dudas y desconfianza.
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, señaló a la prensa que los ministros están trabajando en un plan que tiene “dos ejes: uno de medidas a corto plazo y otros con medidas más estructurales de mediano y largo plazo”. ¿El presidente, dará crédito a este plan? Esperemos que sí, porque sin planificación nada se puede hacer coherentemente.
Pero toda medida o programa económico se centra en que el Estado argentino gaste menos para lograr superávit o al menos equilibrio fiscal. Si se continúa gastando de más y cubriendo los gastos con emisión, el horizonte se verá más oscuro. No se puede hablar de incrementar la carga tributaria, que ya ha superado todos los límites razonables, tampoco de financiamiento externo, que por el momento no existe. Solo queda ajustar el cinturón del Estado para equilibrar las cuentas o ingresar en una crisis más grave, de imprevisibles consecuencias.