El gobernador Osvaldo Jaldo firmó con la Nación un convenio que le permitirá a Tucumán retomar más de 80 proyectos de oras públicas, con distintos noveles de avance, distribuidos por todo el territorio provincial.
Algunos de ellos están en etapas administrativas, adjudicados o en proceso de licitación, en tanto que otros ya se pusieron en marcha, manteniéndose con avances aún a pesar del freno impuesto por kla nueva administración, tal es el caso de la cárcel de Benjamín Paz.
El acuerdo de colaboración suscrito por la Provincia con la administración nacional, lleva las firmas de Jaldo y del titular de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine.
El documento alude en los considerandos a la declaración de emergencia pública en distintas áreas impuesta hasta el 31 de diciembre de 2025 debido a la “severidad de la crisis que atraviesa el país, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.
En base a ello el Poder Ejecutivo tucumano y la gestión Milei decidieron “trabajar en forma conjunta, a los fines de adoptar medidas que permitan superar la situación”.
En este marco, reza el documento, “el Estado nacional ha decidido transferir el financiamiento y/o la ejecución de determinadas obras públicas” a las provincias, siempre que “se encuentren en condiciones de asumir dicho compromiso”.
Según anunció el Gobierno, con este instrumento habrá un aporte monetario de unos $ 120.000 millones para volver a activar obras, $ 90.000 millones aportados por la Nación y $ 30.000 que saldrán de las arcas de la Provincia.
El acuerdo contempla en distintas cláusulas una serie de condiciones en las que quedarán los 81 proyectos de obra pública de origen nacional que se terminarán de ejecutar en Tucumán.
El primer item determina “adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la Provincia asuma la financiación y/o la ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan en el Anexo I”.
Incluye 44 proyectos cuya “financiación y/o ejecución se encuentra actualmente a cargo de diversos entes del sector público nacional”.
La Nación y los entes bajo su órbita se comprometen por su parte a avanzar “con la financiación y/o ejecución de las obras” enlistadas en el Anexo II, que son en total otros 15 proyectos.
Las partes decidieron también que “oportunamente definirán si la financiación y/o ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan en el Anexo III será asumida por la Provincia o por el municipio pertinente”, nómina que totaliza 22 expedientes.
El convenio no incluye montos ni plazos, ya que, la cláusula segunda dispone que todo lo remarcado en los apartados anteriores se implementará “a través de acuerdos específicos a suscribirse entre las autoridades competentes”.
Es ahí donde se establecerán las condiciones propias de cada proyecto, tales como el grado de avance, la forma de pago, las actualizaciones de precios y las deudas sin saldar.
Desde Casa de Gobierno aventuran que con este acuerdo se logrará reactivar inversiones clave como la ruta 307, en el tramo El Infiernillo-Ampimpa; la cárcel de Benjamín Paz, las plantas de tratamiento y redes de cloacas en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, Aguilares y Concepción; y la ruta 323.
También se apuesta a desarrollar obras habitacionales, mientras que el aporte provincial alcanzará a la alcaidía de Delfín Gallo; la ruta 307 en el tramo Ampimpa-Amaicha; perforaciones de agua potable y el Cepla de la Costanera/E.R.