Retorno a mis editoriales luego del receso veraniego. Los argentinos tuvimos un enero muy caliente, no solo en el plano térmico, sino también en el plano político, cuando desde el primer día del mes, en su saludo por el nuevo año, el presidente anunció el juicio político a la Corte.
El único motivo para semejante maniobra que puede resultarle un boomerang al propio Fernández, es el de quedar bien con la vicepresidenta, quien manifiesta ya, sin camuflaje alguno, su fuerte irritación con el primer mandatario, con el que tiene un lazo definitivamente roto.
La actual Corte es muy digna, y de alto nivel jurídico, de manera alguna merece ser expuesta a un juicio político, resulta difícil de entender, que sea el mismo peronismo el que intente volterla, ya que dos de sus miembros tienen sus raíces profundamente insertas en el movimiento fundado por Perón.
Analicemos brevemente quienes son sus miembros. El cordobés, Juan Carlos Maqueda, es un hombre de reconocida militancia en el movimiento peronista. Horacio Rosatti, fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner. También, militando en el peronismo, fue Intendente de la ciudad de Santa Fe y Convencional Nacional Constituyente en 1994. En 2003 fue designado procurador del Tesoro de la Nación. En cuanto a Ricardo Lorenzetti si bien no registra militancia política, fue propuesto por el presidente Néstor Kirchner y aprobada su candidatura por el Senado, asumiendo su cargo el 12 de diciembre de 2014; tiene sobrados méritos como jurista de extensa trayectoria. En cuanto a Carlos Rosenkrantz, posee abundantes méritos profesionales, fue rector de la Universidad de San Andrés entre 2008 y 2017 donde también ejerció el cargo de Profesor Titular de Derecho y algunos antecedentes de militancia en la Unión Cívica Radical.
A la Corte le falta un miembro ya que no está cubierta la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. La morosidad en cubrir este cargo es responsabilidad del presidente Fernández, quien hace tiempo que debió proponer al Senado su reemplazante y no lo hace.
El juicio político, impulsado por el presidente, no tiene asideros, ni jurídicos, ni legales, ni políticos. Si bien en la Comisión de Diputados tendrá lugar un show, las posibilidades que avance en el plenario del cuerpo son nulas, se necesitan los dos tercios de los votos para aprobar el juicio, una mayoría imposible de alcanzar por el oficialismo.
Está claro que lo que les importa es el espectáculo que montarán en la Comisión de Juicio Político de la Cámara, intentando humillar a los jueces. Es una especie de “vendetta” en respuesta a la condena de Cristina a seis años de cárcel por corrupción. Alberto, abogado y docente de derecho, bien debe saber la enorme gravedad del escenario institucional que está promoviendo.
Hubo reacciones. El sector del país que entiende y reconoce las implicancias institucionales, económicas, sociales y la imagen negativa que se proyecta al mundo, ha hecho oír sus preocupaciones y quejas. Juristas, empresarios, economistas, dirigentes sociales, periodistas, intelectuales, han advertido las implicancias negativas para el país, del juicio político y piden desactivarlo.
También en el exterior el asunto ha trascendido. A través de un vocero del Departamento de Estado, EEUU pidió “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”. La ONG dedicada a los derechos humanos Human Rights Watch, advirtió que la ofensiva hacia los jueces por parte de las autoridades argentinas “socava el estado de derecho”. Mark Jones, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Rice, uno de los expertos en energía que se reunió meses atrás con el ministro Sergio Massa y un grupo de inversionistas estadounidenses con intereses en la Argentina, le dijo al diario Clarín: “Como defaulteador serial, con un estado de derecho débil, la reputación de Argentina entre los inversionistas internacionales ya era mala, pero ahora es peor”.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina también advirtió que “la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones”.
En fin, consideramos que el presidente ha dado un mal paso, un error estratégico del cual él, será el mayor perjudicado.