El artículo 109 de nuestra Constitución determina que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
El presidente Alberto Fernández se desempeña desde 1985 como docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA): dos años antes se había recibido de abogado en esa misma casa de altos estudios. En el momento en que fue elegido presidente, ejercía como profesor adjunto interino de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de esa Universidad.
Sin embargo, en diferentes asuntos ha demostrado ignorancia total o absoluta falta de respeto por la Constitución y por sus leyes. A tal punto han llegado sus afirmaciones, que el abogado Francisco Oneto solicitó que Alberto Fernández sea desvinculado «con la premura que la gravedad del caso amerita» del ejercicio de la docencia. Según el abogado, «ha demostrado una ignorancia supina, que revela su falta de idoneidad para ejercer la docencia, máxime cuando se encuentra impartiendo un curso a los alumnos del primer año de Abogacía y por tanto, lo enseñado allí constituye la base para la profundización de contenidos de Derecho Penal en el resto de la carrera.»[i]
Ahora Alberto Fernández formuló declaraciones, con la irresponsabilidad que lo caracteriza, afirmando que el camarista Leopoldo Bruglia, usurpa un cargo, que viola la Constitución y no investiga como debería el atentado contra Cristina Kirchner.
El presidente se inmiscuye en otro poder del Estado, violando expresas disposiciones contenidas en el artículo 109 de nuestra Ley Suprema cuyo texto inicia esta nota. No solo eso, el Mandatario está agraviando a un juez, de manera injusta como innecesaria.
Bruglia se sintió lastimado por Fernández, especialmente por las expresiones referidas a que era un usurpador o que ocupaba su cargo de manera ilegítima y anunció que demandará en la justicia a Alberto. “Hablé con mi abogado y estoy reuniendo los antecedentes personales para evaluar el daño y reclamar un resarcimiento civil mediante una demanda por daños y perjuicios” “Se afectan derechos personales que tiene que ver con mi trayectoria, y el daño está dado por la difamación”, dijo Bruglia.
Además, el juez renunció a la Asociación de Magistrados al no ser defendido por esta. En una carta les dice a sus colegas: “Que Ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación (…) y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces, generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables, es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación”.
Una mancha más para la incontinencia verbal de Alberto.